Nicaragua figura entre los países con cero transparencia fiscal y en el 2018 las autoridades no hicieron esfuerzos para mejorar esa situación. Así lo determinó Estados Unidos en su informe anual de transparencia fiscal publicado ayer por el Departamento de Estado, en el que señala que Nicaragua forma parte de los países que no cumplieron los requisitos mínimos de transparencia fiscal, que es clave para recibir fondos de esa nación.
Entre los aspectos que Estados Unidos cuestiona a Nicaragua, es que si bien los informes presupuestarios aprobados y liquidados del 2018 están disponibles al público, estos “no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los gastos planificados y las fuentes de ingresos del gobierno”.
Además señala que desde que estalló la crisis política en abril del año pasado, “la información presupuestaria se ha vuelto cada vez más escasa y carece de detalles”.
Asimismo, plantea que las estimaciones de ingresos del Presupuesto General de la República de este año son “poco realistas” y que el gasto público del año pasado no incorporó información de las actividades de los parapolicías.
Estados Unidos se refiere a que en el presupuesto público del año pasado no se incorporó o detalló los fondos que financiaron las actividades del cuerpo armado conocido como parapolicías, que trabajaron en la violenta represión estatal que acabó con la vida de al menos 328 nicaragüenses.
En el caso de la deuda pública, el reporte, que es elaborado a pedido del Congreso de EE. UU., indica que si bien la información está disponible al público, la misma es incompleta.
Desde el 2014 se elabora este reporte, el cual evalúa la transparencia del manejo del dinero público en los países que reciben fondos estadounidenses.
Este año se tomó en cuenta a 140 naciones alrededor del mundo, de los cuales 67 no cumplían con los requisitos mínimos de transparencia fiscal. De estos 67, sin embargo, 13 gobiernos hicieron un progreso significativo hacia el cumplimiento de este objetivo.
Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina que aparecieron en la lista de aplazados, que incluye a economías con sistemas democráticos débiles como Argelia, Burundi, Camerún, China, Libia, Etiopía, entre otros.
Empresas estatales sin fiscalización
Un elemento que cuestiona Estados Unidos en Nicaragua es que los estados financieros de las empresas estatales no son sometidos a auditorías por parte de la Contraloría General de la República.
“Los estados financieros no contabilizaron completamente los pasivos de las empresas estatales, que fueron asumidas cada vez más sobre una base ad hoc por el gobierno. El gobierno no ha contabilizado públicamente el gasto de una importante asistencia extrapresupuestaria de Venezuela, y esta asistencia no ha sido objeto de auditoría ni supervisión legislativa”, explica.
De hecho, Estados Unidos fustiga que ni a Albanisa, por ser una empresa mixta en la que participa una estatal, en este caso Petronic, tampoco se le haya aplicado auditoría.
La situación se agrava porque el gobierno adjudica contratos o licitaciones para extracción de recursos naturales sin demostrar que durante el proceso se cumplieron los lineamientos de ley.
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