Tomado de ElSalvador.com
Veintiún peritajes financieros y 114 declaraciones de testigos son una parte de las pruebas con que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta para probar que Carlos Mauricio Funes Cartagena, su exesposa Vanda Pignato, y familiares y amigos de ambos, eran parte de una organización criminal que se dedicó a malversar más de 351 millones de dólares, dinero proveniente de las arcas del Estado salvadoreño, según explicó el miércoles anterior, el fiscal jefe de la Unidad anticorrupción, German Arriaza.
Entre los hallazgos que la Fiscalía ha hecho a lo largo de su investigación se encuentran más de medio millón de dólares pagados en tres tarjetas de crédito a nombre de Funes Cartagena, con los cuales canceló muchos artículos de lujo para uso personal.
Entres esas tres tarjetas, destaca el uso de una de ellas, del entonces Citabank con la que hizo movimientos de dinero entre junio de 2019 y mayo de 2014, por un monto de más de 258,000 dólares.
Millones en boletos de avión
De la cuenta “Gastos Operativos de la Presidencia”, se pagó más de 4.6 millones en viajes de Funes Cartagena y sus familiares, según la investigación fiscal.
Esos montos incluían pago de hoteles y otros complementos como entradas a sitios turísticos.
La investigación fiscal indica que no hay indicios de que se haya seguido los procedimientos mínimos para la contratación de las empresas que gestionaron los viajes.
Los más de cuatro millones de dólares fueron pagados a solo dos empresas, pero de estas, una fue la que se llevó a mayor tajada: $3,214,992.69.
La Fiscalía ha señalado a Funes Cartagena como el cabecilla de una organización criminal que se dedicó a lavar el dinero de fondos del Estado salvadoreño utilizando para ello los fondos asignados a la llamada Partida Secreta.
Parte de ese dinero fue utilizado por Funes y sus familiares (exesposas y los hijos y familiares de éstas) para llevar una vida llena de lujos, según la Fiscalía, de esos mismos 351 millones salió el dinero para pagar deudas bancarias que tanto el imputado y sus allegados tenían bien como saldos de tarjetas de crédito, como préstamos personales o como créditos hipotecarios.
Un ejemplo de esto último es que Funes pagó un préstamo de más de 146 mil dólares, siete años antes de que caducara el plazo.
Perros con buena vida
La Fiscalía presentó el miércoles la acusación formal contra Funes Cartagena como cabecilla de la organización criminal que presuntamente malversó los 351 millones de dólares en conjunto con 31 personas más, entre estas Vanda Pignato, y los hijos del exmandatario, y su amigo Miguel Menéndez, Mecafé.
Durante una breve conferencia de prensa, el fiscal German Arriaza afirmó que en la acusación se incluye pruebas de que Funes Cartagena gastó decenas de miles de dólares del dinero de los salvadoreños en mantener a sus mascotas.
El jefe fiscal especificó que durante la investigación se ha establecido que el ahora prófugo gastó 149 mil dólares sólo en atención a sus mascotas, mayormente perros. No especificó en qué período se hizo ese gasto.
Arriaza aseguró que se ha descubierto que hubo semanas en que Funes pagó hasta 1,200 dólares para que le sacaran a pasear a sus perros.
El objetivo de esos paseos era que sus perros “se desestresaran”. El costo dependía de qué tipo de paseo les daban a los animales, explicó el funcionario.
Cirugías plásticas
Al gasto suntuoso en mantenimiento de las mascotas, hay que agregar el pago de cirugías plásticas a Ada Mitchel Guzmán, realizadas en Estados Unidos.
Guzmán es la actual compañera de vida de Funes; ella es originaria de Santa María Ostuma, La Paz, y es con quien vive en un lujoso sector residencial en Managua, Nicaragua, país que hace pocos días le otorgó la nacionalidad, la cual ha sido adversada por abogados que han presentado un recurso de revocatoria ante la Corte Suprema de ese país.
De acuerdo con documentos de la Fiscalía, dos cirugías plásticas que le practicaron a Guzmán en Los Ángeles, California, costaron $60,000.
Casi un centenar de armas de fuego también forman parte de la investigación de lavado de dinero, peculado (malversación de fondos públicos) y casos especiales de lavado de dinero. Implicados en la transa de 80 arma de fuego están dos mayores del Estado Mayor Presidencial: Luis Alfredo Maida Leiva y Miguel Ángel García García, ambos prófugos de la justicia salvadoreña.
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