Editorial La Prensa: Sullivan y la incoherencia de la OEA

El embajador de Estados Unidos (EE. UU.) en Nicaragua, Kevin Sullivan, advirtió este miércoles que si Daniel Ortega no vuelve a la mesa de negociación con la Alianza Cívica, “Estados Unidos lo tomará en cuenta al igual que los países miembros de la Organización de Estados Americanos, en la evaluación de los próximos pasos a seguir”.

Lo dijo en la presentación de la nueva encargada de prensa de su Embajada. Pero, ¿qué podrán hacer EE.UU. y la OEA si Ortega no reanuda el diálogo con la oposición, porque ya decidió irse por el camino de Cuba y Venezuela?

La Asamblea General de la OEA reunida en Medellín a fines de junio pasado, mandó a su Consejo Permanente a crear una comisión de alto nivel para procurar la solución democrática negociada de la crisis de Nicaragua y le puso 75 días como plazo. Pero un mes y medio después ni siquiera se ha creado dicha comisión. Se dice que los embajadores en la OEA quedaron cansados de la reunión en Medellín y al parecer para ellos sus vacaciones son más importantes que la agonía de la democracia en Nicaragua.

Se dice también que la OEA es muy lenta para tomar decisiones y ejecutarlas. Pero no es solo eso. La inconsistencia del organismo hemisférico está determinada desde su origen, radica en sus documentos constitutivos, en su composición y los mecanismos políticos para la toma y ejecución de las decisiones.

El artículo 2 de la Carta de la OEA, aprobada en 1948, señala que uno de sus propósitos esenciales es “promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”. Y el artículo 3 establece que cada Estado tiene derecho de escoger su sistema político y social. O sea que si una pandilla de bandidos toma el poder en un país y se amparan en la no intervención para establecer una dictadura, los demás Estados tienen que respetar esa decisión “soberana”.

Quizás fue para superar esa incongruencia que la OEA aprobó en 2001 la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 2 consagra la democracia representativa como base constitutiva obligatoria de los Estados Miembros y en el 3 define como sus elementos esenciales, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, las elecciones libres, el régimen plural de partidos y la separación e independencia de los poderes públicos.

Pero la Carta Democrática no castiga al gobierno que incumple ese compromiso e impone una dictadura. Solo establece un procedimiento complicado para suspenderlo siempre y cuando dos tercios de los miembros quieran aprobar esa mínima sanción. Por eso es que la OEA no ha suspendido al régimen de Ortega a pesar de que ha cometido incluso crímenes de lesa humanidad, como lo han documentado organismos de derechos humanos de la misma OEA.

Pero no por ello la comunidad internacional, incluida la OEA, debe dejar de presionar a la dictadura de Ortega. Algo se logra con esa presión diplomática y en todo caso sería peor dejarlo en completa libertad para seguir cometiendo atrocidades contra su propio pueblo.

Sea el primero en comentar

Deje su comentario

Su correo no será publicado.


*