Julio Francisco Báez, abogado y economista, experto en derecho fiscal, explica que la decisión del régimen de eliminar las exoneraciones a 16 productos de consumo básico es una medida inconstitucional, pues esta fue tomada por el Ministro de Economía o Mific, quien no tiene facultades para realizar esta acción.
“El Ministro de Economía, según el artículo 26 del Convenio sobre Régimen Aduanero Centroamericano, no tiene esta facultad. Tampoco en Nicaragua, en virtud de la Ley 316, Ley de Concertación Tributaria, no tiene la facultad el ministro para tomar semejante medida. Por eso es inconstitucional”, afirma Báez.
De acuerdo con el experto en derecho fiscal, el Convenio Centroamericano plantea que, solo cuando existan condiciones especiales o deficiencias generales de materia prima y desabastecimiento que amenacen con una emergencia nacional, se puede justificar la medida tomada por el Gobierno, siempre y cuando pase por determinado proceso. Asimismo, insistió en que la Ley de Concertación Tributaria es clara en que este tipo de medidas específicas no las puede tomar un ministro.
Báez manifestó que, en virtud de la reforma aprobada en febrero de este año, existe la probabilidad de que el Gobierno aplique otras enmiendas.
Por ejemplo, además de suprimir exoneraciones de manera indiscriminada, con la acción aprobada a finales de febrero, se estableció discrecionalmente la posibilidad de que por acuerdos ministeriales en listas taxativas se incorpore o se excluyan algunos productos.
“Hay intentos de reformas que afectan, y están tocando lo político, están tocando lo institucional, lo empresarial, están desestabilizando y agregando elementos de poca credibilidad, si es que queda algo. Son un conjunto de medidas que trascienden el 28 de febrero, que fue la reforma tributaria. Es una reforma prolongada en el tiempo que no se detiene”, analiza Báez.
Para el experto en derecho fiscal, las medidas y reformas anunciadas por el Gobierno para “ofrecer una solución a la crisis nacional”, no cumplen con los estándares necesarios para garantizar estabilidad y seguridad a la población y a los inversionistas. Báez cuestiona el hecho de que la reforma tributaria, que no ha cumplido ni siquiera un año, sea revisada tan pronto.
“Ninguna reforma tributaria en los últimos 30 años ha estado complementada por nuevas reformas. Las reformas exigen dos cosas: estabilidad, es decir, que llegue para quedarse, no para ser eterna, pero tampoco para estarse cambiando a los 15 días de emitida. La estabilidad es un catecismo en materia de reforma tributaria. Ese catecismo le imprime legitimidad a un Gobierno, no puede en ningún momento pensar que esta inseguridad jurídica, que es acompañada de una inseguridad social, sea permanente. Eso genera un desestimulo a la inversión, productividad, al empleo”, valora.
Tomado de Confidencial
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