Editorial La Prensa: La Alianza cívica vuelve al Incae

Alianza Cívica

Este miércoles 31 de julio la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha vuelto a las instalaciones del Incae, para intentar la reanudación de las negociaciones con la dictadura que fueron suspendidas desde el mes de mayo pasado, por el incumplimiento gubernamental de los acuerdos firmados entre las dos partes en marzo anterior.

El regreso de la Alianza al Incae, donde se realizaron las negociaciones políticas desde febrero hasta que fueron suspendidas en mayo, lo entendemos como una operación mediática para demostrar que la oposición está dispuesta a continuar el diálogo y la negociación con el fin de resolver la crisis sociopolítica nacional. Pero Ortega quiere llevar las cosas por otro camino.

En realidad, el dictador ha dejado claro que ya no quiere seguir negociando con la oposición. El pasado 19 de julio Ortega sentenció en la plaza que la negociación con la Alianza Cívica ya no tiene sentido para él, que ahora el diálogo será “con los campesinos, con los obreros, con los pequeños empresarios, con los artesanos, con los productores pequeños, medianos y grandes; con todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la paz y por la producción económica y social en este país…”. Es decir, diálogo y acuerdos sí, pero con los sectores afines a la dictadura.

Ortega no dijo que los partidos integrados en el sistema dictatorial, los llamados “zancudos”, van a participar en el modelo de diálogo que mencionó, pero eso no significa que no los tendrá en cuenta para los acuerdos propiamente políticos. En ese sentido, Ortega dijo que “se harán las reformas y ajustes electorales, pero dentro del marco de la ley y la Constitución”, lo que se puede entender como que tales reformas se harán en connivencia con los partidos que tienen representación en el poder legislativo de la dictadura.

Sin embargo, no es con ese diálogo y acuerdos que se podría resolver la profunda crisis sociopolítica que sufre el país. Y por la misma razón no es eso lo que demanda la comunidad democrática internacional, particularmente la OEA.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha sido claro en este sentido. “La OEA no se va a saltar el rol de la Alianza Cívica”, dijo Almagro a fines de mayo pasado a delegados de la Alianza Cívica y de la UNAB. Y eso mismo es lo que establece la Resolución de la Asamblea General de la OEA, aprobada el 28 de junio en Medellín: “Instar a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados”.

En eso radica, a nuestro juicio, la importancia del acto de presencia de la Alianza Cívica en el Incae. La oposición está clara de que Ortega rechaza el verdadero diálogo y quiere ir por su propio camino. Pero el apoyo de la Alianza a la resolución de la OEA y la concertación de esfuerzos con ella es indispensable para obligar al dictador a cambiar de actitud. O, al menos, para que se le apliquen las sanciones establecidas en la Carta Democrática Interamericana.

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