Daniel Ortega ha creado un gabinete paralelo, que representa un fuerte gasto presupuestario en medio de una profunda crisis de las finanzas públicas.
El más reciente nombramiento es el de Francisco López, expresidente de Albanisa y Petronic. Ahora fungirá como ministro asesor de producción y comercio.
Con López, quien está sancionado por Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá, y Arlette Cristina Marenco Meza, el caudillo suma 26 personas con cargos de asesores, secretarios y delegados presidenciales.
Esta decisión de Ortega es algo que se considera nepotismo del régimen para favorecer a sus operadores políticos, afirmaron expertos consultados.
“Chico” López es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el administrador local de la cooperación venezolana, que durante los años de auge se estima que proporcionó a Nicaragua más de 3,500 millones de dólares en total, los cuales fueron administrados por Ortega y sus allegados.
Tras las sanciones de EE. UU., en julio del 2018, López Centeno fue removido de sus cargos de presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). Aunque una investigación de LA PRENSA constató que López sigue ejerciendo el manejo de Petronic, aun cuando oficialmente el presidente de la directiva es Manuel Coronel Kautz.
EE. UU. sancionó a López Centeno con la Ley Global Magnitsky al ser señalado de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Albanisa también está sancionada ser parte de la corrupción de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El hecho que Ortega vuelva a poner en un cargo público a López demuestra que sigue siendo uno de sus principales operadores políticos y que le va a proteger sin medir las consecuencias, valoró la exministra de Comercio Azucena Castillo.
Ortega también designó a Arlette Cristina Marenco Meza en el rango de ministra asesora para relaciones internacionales. Marenco ahora tiene tres cargos ya que se le mantiene como viceministra y secretaria de cooperación de la Cancillería, aunque “sin goce de salario”, según el decreto presidencial 111-2019, publicado en La Gaceta ayer.
López y Marenco se sumaron a Sonia Castro al grupo de asesores presidenciales, esta última fue para no dejarla desprotegida luego de ser removida como titular del Ministerio de Salud (Minsa), pues al estar sancionada por EE. UU. por señalamientos a violación a los derechos humanos, quedó imposibilitada de seguir con la administración.
De esta manera aumentaron a 26 los asesores directos de Ortega, cargos que son premios para los familiares, amigos y operadores políticos del régimen.
Con información de La Prensa
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