Río de Janeiro pide ayuda económica para celebración de Juegos Olímpicos

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El Estado del Río de Janeiro en Brasil ha decretado un estado de emergencia económica y ha pedido socorro para la celebración de los Juegos Olímpicos, que empiezan el día 5 de agosto. El “estado de calamidad pública» que declara el Gobierno del Estado, en la práctica, debe permitir la adopción de medidas excepcionales para reducir gastos y servicios públicos ante el evento deportivo. Ni el decreto, publicado en el Diario Oficial este viernes, ni los asesores del Gobierno estatal especifican, sin embargo, qué medidas serán tomadas. Según especialistas consultados por EL PAÍS, la hipótesis más probable es que el decreto sirva, además de para hacer recortes, para justificar una inyección extra de recursos del Gobierno Federal, en plena restricción fiscal.

El Comité Organizador de Rio 2016 garantiza que la medida no tendrá impacto en los Juegos Olímpicos porque sus preparativos no dependen de fondos públicos. El decreto, vago y con frases contundentes, arroja, sin embargo, aún más sombras sobre el evento, en un momento en el que abundan las noticias negativas sobre Brasil, sumido en la crisis política y lidiando desde hace meses con el virus del zika. El texto asegura que la crisis económica compromete “el cumplimiento de obligaciones» con la organización de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos y advierte que la situación puede «ocasionar el total colapso de la seguridad pública, la salud, la educación, la movilidad y la gestión ambiental». El decreto busca, según reconoció el gobernador de Río, Francisco Dornelles, que el Gobierno federal colabore en el mantenimiento de esas áreas.

Aunque la mayoría de los equipamientos olímpicos ya están listos para el evento, el Estado de Río de Janeiro es el responsable por concluir las atrasadas obras del metro, que unirá las zonas turísticas con Barra de Tijuca, el principal escenario de las competiciones y que son fundamentales para el transporte de los aficionados. Para su inauguración, Río de Janeiro aún necesita que el Gobierno federal le preste otros 130 millones de euros. El Estado, que hace meses tiene dificultades para pagar el salario de sus funcionarios a tiempo, también necesitaría una inyección del Gobierno brasileño de unos 775 millones de euros para garantizar las nóminas y evitar, de paso, que los trabajadores públicos protagonicen ruidosas manifestaciones en plenos Juegos Olímpicos.

Fuente: El País

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