El orteguista Gustavo Porras será presidente de la Asamblea Nacional solo de nombre, pero sin ninguna facultad legal, lo que implica que las leyes, decretos y resoluciones que se aprueben no llevarán su firma. Ese es el impacto de la reforma a la Ley del poder legislativo (606) que será aprobada mañana de forma expedita.
Los diputados fueron convocados a una sesión extraordinaria para aprobar la reforma a la Ley 606, pero también la modificación de la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del poder ejecutivo (290), para facultar al dictador Daniel Ortega a nombrar ministros y viceministros “cuando lo estime conveniente”.
Estos cambios de emergencia los impulsa el régimen orteguista en reacción a las sanciones que Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá impusieron a Porras, así como a Sonia Castro, ministra de Salud; al titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica, y a Orlando Castillo, director de Telcor.
Esos funcionarios son señalados por EE.UU. de corrupción y violación a los derechos humanos, y por Canadá de violar los derechos humanos por su participación en la represión de fuerzas gubernamentales contra las protestas ciudadanas que desde abril del 2018 han dejado más de trescientos muertos.
Porras fue despojado del control administrativo y financiero de la Asamblea con la reforma a la Ley 606 aprobada el 24 de junio pasado, en la que se eliminó esas facultades a la figura del presidente del órgano. Al secretario ejecutivo se le traspasó el manejo administrativo. Y con los nuevos cambios quien firmará las leyes será la primera secretaria, cargo que ocupa la orteguista Loria Dixon.
Con información de La Prensa
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