CIDH: Persiste «estado policial» en Nicaragua

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la continuación de la represión después de casi cinco meses de la instalación de la Mesa de Negociación en Nicaragua.

En un nuevo informe, la CIDH lamenta la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población, así como para superar la situación de impunidad respecto las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.

A pesar del inicio de la Mesa de Negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (Alianza Cívica), el 27 de febrero de 2018, la CIDH observa la persistencia del estado policial en Nicaragua caracterizado por la prohibición de las protestas sociales y afectaciones a otros derechos por actos de estigmatización, ataques y agresiones, asedio y la continuación de detenciones arbitrarias en todo el país.

La CIDH advierte que, durante el primer semestre de 2019, el Estado rechazó todas las solicitudes presentadas por la sociedad civil para la realización de manifestaciones públicas y, además, mantiene el despliegue desproporcionado de operativos policiales en los espacios públicos para evitar cualquier protesta social o forma de manifestación. Recientemente, el Estado negó a la Unidad Nacional Azul y Blanco autorización a la convocatoria para realizar una marcha, el 26 de mayo, con el fin exigir la liberación de los presos políticos.

Asimismo, en los meses de mayo y junio, el MESENI documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión para contrarrestar e inhibir las formas de protesta social improvisadas por la población, entre otras, por medio de la toma de represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, el asedio permanente a plantones exprés, así como a cualquier acto en el que participan personas excarceladas o personas identificadas como opositoras el Gobierno, incluyendo celebraciones religiosas y misas.

 

De manera particular, el 15 de junio, la CIDH denunció que grupos afines al Gobierno agredieron a las personas que asistieron a la misa celebrada en la catedral de León en memoria de una de las víctimas fatales de las protestas. Dicho ataque habría sido perpetrado con la aquiescencia y tolerancia de la Policía Nacional. Al menos cinco personas habrían resultado heridas. Según la información recibida, el 16 de junio, agentes antimotines agredieron con balas de goma, bombas lacrimógenas y aturdidoras a personas que se manifestaban al interior de los parques que rodean la Catedral de Managua, después de una misa celebrada por la liberación de los presos políticos. El 30 de junio, agentes antimotines también habrían agredido a manifestantes que realizaron un plantón en el mismo lugar, luego de un servicio religioso. De acuerdo con información pública, al menos seis personas resultaron heridas. Estos hechos se enmarcan también en un contexto de amenazas contra la Iglesia y líderes religiosos a través de mensajes intimidatorios en redes sociales o pintas en las paredes de algunos templos. Ante las amenazas de muerte, un sacerdote de Estelí habría decidido salir del país. Asimismo, el 3 de julio, el sacerdote Edwin Román, beneficiario de medidas cautelares, habría sido víctima de amenazas por agentes de la Policía Nacional en Masaya.

A un año de la publicación de su Informe final “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 con el fin de “cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, así como “respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población”. Así como la recomendación 8, para que el Estado “desmantele los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

La CIDH nota con preocupación que miles de nicaragüenses continúan huyendo del país debido a la persistencia de la represión. En días pasados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) actualizó la cifra a 70,000 nicaragüenses que han solicitado asilo en países como Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos desde el inicio de la crisis y hasta mayo de 2019.

En este contexto, la CIDH viene dando seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir hacia estos países a raíz de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018 en Nicaragua. El 12 de junio de 2019, la CIDH denunció algunos de los obstáculos que enfrenta la población nicaragüense desplazada para gozar de sus derechos en Honduras y Costa Rica por la falta de acceso a un empleo y a la educación derivado de no contar con documentos de identidad o de acreditación de estudios. En la visita realizada a Miami el 17 y 18 de junio, la CIDH tomó conocimiento de los desafíos que enfrentan las personas que han sido forzadas huir de Nicaragua hacia Estados Unidos.

 

Sea el primero en comentar

Deje su comentario

Su correo no será publicado.


*