A un año de la masacre, continúa el asedio policial en Carazo

Foto: Cortesía

El ataque paramilitar y policial contra la población civil hace un año dejó un registro de más de 30 personas asesinadas en Carazo, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Pobladores de Carazo recordaron este lunes a las víctimas que dejó la «Operación Limpieza» hace un año en ese departamento con un misa en la iglesia San Antonio, en Jinotepe. Mientras los feligreses salen del templo y se manifiestan, agentes antidisturbios de la Policía Orteguista asedian a los participantes.

El sol comenzaba a aparecer, eran las 5:30 a.m. cuando grupos paramilitares, acompañados de efectivos de la Policía Nacional, iniciaban lo que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calificaron como “el ataque más despiadado de la operación limpieza”.

Se cumplían tres meses de protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la población nicaragüense como medida de protesta había levantado tranques, para ejercer presión a la dictadura que, en ese entonces, se encontraba negociando con representantes de la sociedad civil, quienes buscaban una salida a la crisis sociopolítica. No obstante, en todo el proceso de diálogo, los ataques por parte de agentes de la Policía y grupos irregulares de civiles armados no cesaron contra la ciudadanía que protestaba cívica y pacíficamente.

Durante 43 días (período de duración de la Operación Limpieza), Nicaragua y la comunidad internacional fueron testigos de la peor masacre en los últimos 40 años en el país. El régimen de Ortega y Murillo dio la orden de atacar a la ciudadanía que había levantado barricadas para protegerse y como medida de presión; para ello, la dictadura recurrió a la Policía (que se convirtió en el brazo represor contra la población) y armó a un grupo de civiles, conocidos como paramilitares o parapoliciales, ejecutando así las llamadas “operaciones limpieza”.

Estos ataques a los manifestantes quedaron registrados en el Informe Anual 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Estado calificó la instalación de tranques y barricadas como actos ‘terroristas’ y desplegó operativos de limpieza para desmantelarlos por la fuerza. Dichos operativos iniciaron el 3 de julio de 2018 y se intensificaron en la proximidad de la celebración nacional del 19 de julio”, se lee en el escrito.

El ocho de julio de 2018, las ciudades de Diriamba, Dolores y Jinotepe, todas ubicadas en el departamento de Carazo, sufrieron la embestida represiva de policías y paramilitares, quienes, haciendo uso de armamento de guerra, atacaron las barricadas en las que se encontraban jóvenes estudiantes y personas autoconvocadas.

“Entraron por la carretera al mar, Santa Teresa, La Conquista, San Marcos. Barrieron Diriamba, luego entraron por Dolores, después llegan a Jinotepe”, relata Eliezer Blass, periodista que cubrió los constantes ataques contra la población civil en el departamento de Carazo. Desde mediados del mes de julio de 2018, Blass se encuentra exiliado, por las amenazas de paramilitares y policías. “Me circularon en una lista negra, todo por el simple hecho de cubrir las protestas y hacer mi trabajo”, cuenta, con un tono de voz triste.

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