Por Enrique Sáenz
Uno de los temas que genera más contrastes de opinión a todo nivel entre los nicaragüenses es la realización de elecciones anticipadas, con Ortega en el poder. Por supuesto, también se plantean otras opciones. En las presentes condiciones nadie debería sentirse dueño de la verdad, así que me atreveré a compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden a alumbrar el camino.
La exigencia de elecciones anticipadas tiene tres argumentos sólidos. El primero es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses queremos y luchamos por la salida de Ortega, cuanto antes mejor.
Y no solo por rechazo a su régimen sino porque cada día con Ortega en el poder la seguridad personal y patrimonial de los nicaragüenses está expuesta a las arbitrariedades y los abusos de los esbirros, policiales, paramilitares y civiles; pero, además, porque Ortega no tiene ya capacidad para revertir la grave crisis económica y social que abruma a la población, incluyendo empresarios, trabajadores, desempleados, microempresarios y aún trabajadores del Estado. Con Ortega en el poder nos hundimos cada día más en el abismo.
La segunda razón es que la inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos convencidos de que debemos salir de Ortega por vías pacíficas, y una vía pacífica natural es la vía electoral.
Finalmente, la inmensa mayoría de los nicaragüenses estamos convencidos de que en elecciones libres, honestas y seguras, le propinaríamos al orteguismo una derrota aplastante.
Hasta ahora, la demanda de elecciones anticipadas es acompañada por la demanda de reformas a la ley electoral y al sistema electoral. Pero no es suficiente.
Para que las elecciones anticipadas puedan ser viables, el sentido común indica que debemos considerar al menos los siguientes factores:
Uno. En las condiciones de Nicaragua las elecciones han sido falsificadas no solo por el aparato electoral. Al PLI lo descabezaron los sirvientes de Ortega en la Corte Suprema de Justicia. Y allí duermen el sueño de los justos los recursos interpuestos por partidos políticos que fueron abusivamente despojados de su personalidad jurídica. Los sirvientes de la Corte también demolieron los fundamentos de la representación política al despojar arbitrariamente de sus escaños a decenas de diputados. Por otro lado, la Contraloría General de la República ha actuado en el campo electoral al inhibir candidaturas, por sí y ante sí, sin recurso alguno.
Se requerirían entonces garantías institucionales que van más allá de la estructura electoral.
Dos. Ortega es un gobernante de facto que no reconoce ni Constitución, ni leyes, ni derechos, ni libertades. Además, controla la totalidad de los aparatos del Estado. La misma OEA está reconociendo en su Asamblea General que Ortega rompió el orden constitucional. Por consiguiente, la condición indispensable, la condición imprescindible para realizar elecciones, y no farsa electoral, es el restablecimiento pleno de las libertades y derechos constitucionales.
Dígame usted. ¿Quién podrá sentirse seguro con los paramilitares intimidando, amenazando y cometiendo tropelías impunemente? ¿Qué propaganda electoral podría realizarse con medios de comunicación clausurados, periodistas perseguidos y sin libertad de prensa irrestrictica? ¿Qué candidato nacional o local podría sentirse seguro con la permanente amenaza de ser sometido a farsas judiciales? ¿Quién podría apoyar económicamente candidaturas con la amenaza de que sus propiedades sean usurpadas? ¿Qué campaña electoral puede realizarse con la policía desplegada, impidiendo el derecho de reunión y el derecho de movilización?
¿Elecciones con paramilitares y fuerzas represivas desatadas?
Tres. Si estamos planteando elecciones anticipadas ¿Por qué no estamos trabajando en organizar una alternativa de poder con capacidad para derrotar al orteguismo y gobernar el país? Porque no basta derrotar electoralmente a Ortega. Hay que derrotar al orteguismo en todos los planos y gobernar. Y para ello se requiere una estructura política. Si la Alianza Cívica se transformará en esa opción de poder deben resolverlo y trabajar desde ahora. Si es la Unidad Azul y Blanco, pues ya deberían definirse como alternativa de poder político. Es esencial construir una alternativa de poder expresa y declaradamente política. Y si es la unión de ambas, pues ya estuvieran, para luego es tarde. Y si no, que lo digan, para forzar la marcha y comenzar a organizarla desde otros espacios.
Cualquiera que haya trabajado en procesos electorales sabe que es tarea dura y, en las presentes condiciones, más dura aún. Y quien afirme que construir un aparato político es lo de menos, sencillamente no sabe de qué está hablando.
Una cosa más. La decisión de elecciones anticipadas bajo la Constitución actual exigiría tragarse un tremendo sapo. La Constitución establece la llamada diputación regalada, acordada en el pacto entre Ortega y Alemán, para quienes hubieran ejercido la presidencia en el período anterior. En consecuencia, sin reformar la Constitución, desde ahora se le estaría asegurando a Ortega un escaño como diputado.
En conclusión, elecciones legítimas, seguras y anticipadas requieren:
1. Restablecimiento pleno de las garantías, libertades y derechos ciudadanos, esto incluye ensogar a paramilitares y policías.
2. Reformas a la ley electoral y a la estructura electoral y elección de magistrados independientes, capaces y honestos.
3. Garantías de no intromisión arbitraria por parte del poder judicial, la Contraloría General de la República, la Unidad de Análisis Financiero, entre otras instituciones.
4. Construir una alternativa política amplia, incluyente, con un programa mínimo de consenso, con reglas de juego transparentes para elección de candidatos propios, y con procedimientos de decisión eficaces.
Una sola de estas condiciones que no se produzca y mejor recojamos los bates, los guantes y las pelotas, apaguemos las luces y vámonos.
¿Y sin elecciones anticipadas, entonces cuál es el camino? Bueno. Esa ya es tema de otro Vamos al Punto.
- Comentarista político de Radio Corporación
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