La mayoría de países del Grupo de Lima quieren aprovechar la reunión más importante de la Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por 54 naciones, y para disciplinar al mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega.
Fuentes diplomáticas dijeron a Efe que el objetivo de la mayoría de los miembros del Grupo de Lima es aprobar dos resoluciones: una para legitimar la representación diplomática de Guaidó en la OEA y otra para avanzar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
El escenario de esa pugna política será la ciudad colombiana de Medellín, donde se celebrará entre el 26 y 28 de junio la Asamblea General de la OEA, el foro más importante del organismo al que están invitados los cancilleres de los 34 miembros activos (Cuba es parte del ente pero no participa desde 1962).
Con respecto a Venezuela, varios países del Grupo de Lima están redactando una resolución que busca algo que parece simple, pero que no lo es: permitir que la delegación de Guaidó se siente en la Asamblea.
Julio Borges, representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, será la persona que encabece y lleve la voz cantante de la delegación, que también estará integrada por Carlos Vecchio, emisario ante EEUU del líder opositor, y por Gustavo Tarre, que ocupa el sillón de Venezuela en la OEA, desveló a Efe una fuente familiarizada con el asunto.
Hasta ahora, los representantes de Guaidó solo pueden participar en el Consejo Permanente, que reúne a los embajadores y toma decisiones políticas.
Por otro lado, respecto a Nicaragua, 12 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guyana, México, Panamá y Perú) están trabajando en una resolución destinada a crear una “comisión de alto nivel” que haga gestiones diplomáticas para restablecer el orden democrático.
Esas medidas se tomarían en el marco de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que, en sus artículos 20 y 21, contempla trámites diplomáticos contra un Estado donde haya “una alteración del orden constitucional” y, de fracasar esas gestiones, allana el proceso para su suspensión.
La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene la OEA contra un Estado miembro y significa que dejaría de participar en sus programas, incluidas iniciativas de cooperación.
A petición de Almagro, la OEA inició formalmente la aplicación de la Carta a Nicaragua el 11 de enero, pero desde entonces no ha tomado ninguna iniciativa específica para avanzar en ese proceso.
De acuerdo a dos fuentes diplomáticas, la iniciativa busca en la práctica “subir la presión” sobre Ortega para que inicie una reforma electoral y retire los cargos criminales contra quienes se han manifestado en su contra desde abril de 2018, en unas protestas que dejaron centenares de muertos.
EFE
Deje su comentario