Editorial La Prensa: Ortega no engaña ni convence

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales, Federica Mogherini, se pronunció este jueves sobre los últimos acontecimientos de Nicaragua, en particular la puesta en libertad de los presos políticos más representativos como consecuencia de la Ley de Amnistía recientemente dictada por la dictadura de Daniel Ortega.

Aunque en Nicaragua hay diversidad de opiniones sobre la amnistía orteguista, la comunidad internacional valora la liberación de los presos políticos como un hecho muy positivo, al que deben seguir otros pasos en la misma dirección. Pero Ortega no engaña a la comunidad democrática internacional. No engaña a la Unión Europea, ni a la OEA, ni a los Estados Unidos (EE. UU.), ni a ninguno de los organismos internacionales interesados en promover una solución democrática de la crisis sociopolític a de Nicaragua.

Si bien es cierto que la comunidad democrática internacional aprecia la liberación de los presos políticos como un hecho muy importante y un paso del régimen orteguista en la dirección correcta, no lo considera suficiente. Y menos cuando el mismo Ortega lo desvirtúa con hechos repugnantes e inaceptables, como la ocupación, saqueo y confiscación de la residencia de la emblemática presa política liberada Irlanda Jerez, y el acoso generalizado a las personas secuestradas que han sido dejadas en libertad por la amnistía.

Si Ortega quiere evitar las sanciones tiene que —como se dice en el comunicado de la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Internacional—, cumplir el acuerdo con la Alianza Cívica sobre el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos, retirar todos los cargos contra los presos políticos liberados y las personas perseguidas y amenazadas, devolver los bienes confiscados a las víctimas de la represión y garantizar la seguridad de todos.

Además, la Unión Europea demanda al régimen de Ortega que se abstenga de aplicar la cláusula de no repetición contenida en su Ley de Amnistía, o sea recriminalizar a los ciudadanos liberados y restringir sus derechos. Y advierte que la Ley de Amnistía “no debe conducir a una exoneración de quienes hayan cometido graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas. La rendición de cuentas y la reparación son elementos importantes para la verdad, la justicia y la reconciliación”.

Dentro de pocos días se cumplirán los plazos para que la comunidad internacional decida imponer nuevas y más contundentes sanciones al régimen de Ortega, a menos que deje en libertad a los presos políticos que aún están en prisión, que respete los derechos y garantías políticas de los ciudadanos y, como demanda específicamente la Unión Europea, que reanude el diálogo nacional “para completar las negociaciones sobre justicia y democracia”.

Ortega debería tratar de sobreponer la inteligencia a la prepotencia, y oír la voz de la razón, no la de sus secuaces y seguidores más irracionales, violentos e irresponsables.

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