Por Enrique Sáenz
Está bien que denunciemos la ley de amnistía aprobada por Daniel Ortega y sus sirvientes. A todas luces, la susodicha ley, es una trampa más de las que el régimen acostumbra. Sin embargo, a decir verdad, no debería provocarnos grandes preocupaciones. Lo que aprobaron los sirvientes de Ortega tiene el mismo valor que las sentencias judiciales dictadas en contra de algunos de los nicaragüenses secuestrados por el régimen.
Recordemos: Montaron un circo judicial, sus payasos hicieron maromas y exhibieron a sus monitos amaestrados, gastaron tiempo y dinero, pero nada más. Todo quedó en papel mojado. Igual es con esta ley de amnistía.
Está claro que el régimen persigue pasar de contrabando una auto amnistía por los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos por los esbirros. Pretenden impunidad, pero a nadie engañaron.
Si nos vamos al plano internacional, basta citar a Michelle Bachelet, Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La alta funcionaria de Naciones Unidas se encargó de descuajar de raíz la marrullería del régimen al expresar lo siguiente: “Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”.
En efecto, la jurisprudencia existente en el Derecho Internacional, concretamente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son de obligatorio cumplimiento para los Estados, ha reiterado el siguiente principio en varias de sus resoluciones: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Y si queremos ponerle la tapa al pomo, agreguemos: El Estado de Nicaragua suscribió y ratificó la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. En esa convención se establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Pueden pasar cien años, y si todavía están vivos, los responsables pueden ser juzgados y condenados. Hay múltiples ejemplos de dictadores que después de décadas, han terminado con sus huesos en la cárcel a causa de sus crímenes.
¿Y saben qué? Nicaragua se adhirió a ese compromiso internacional durante el gobierno de Ortega, en la década de los ochenta.
Finalmente, tal como lo expusiera de manera diáfana en un corto artículo el ingeniero Enrique Bolaños, la tal ley de amnistía, ni amnistía es. A lo sumo se trata de un indulto, pero no de una amnistía. La amnistía implica que los presuntos delitos nunca se cometieron. Es perdón y olvido. Pero los más altos jerarcas del régimen, llenos de tirria, odio y amargura se han encargado de desmentirse a sí mismos. Uno de ellos declaraba hace poco: Todas estas personas son culpables y delincuentes, asesinos…No hay perdón, decía, no hay olvido.
Y tiene razón el susodicho jerarca del régimen. Procedieron a liberar a los rehenes en contra de su voluntad. Lo menos que tienen en su cabeza es reconciliación. O paz. Cuando hablan de paz, en realidad están pensando en guerra.
En cualquier caso, aquí lo fundamental es que los rehenes están en libertad. La libertad de los rehenes es una victoria del pueblo nicaragüense y una derrota para la dictadura.
En cuanto a la ley de autoamnistía de Ortega y de sus sirvientes, pues pueden hacer lo que se les venga en gana. Nos tiene sin cuidado. Ya llegará la hora de la justicia.
- Comentarista de Radio Corporación
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