Tres jueces federales iniciarán juicio este martes contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner en una causa por presunta corrupción durante su gobierno. Los acusados, 13 en total, sólo escucharán la lectura de la acusación que afrontan, pero habrá miradas hacia Kirchner para descifrar los gestos que pueda dedicar a sus compañeros en el banquillo.
Entre ellos habrá un exministro, Julio De Vido, y un empresario, Lázaro Báez, que de la noche a la mañana se convirtió en millonario gracias a los contratos de obra pública que obtuvo durante el kirchnerismo. Ambos están presos y Cristina Fernández nunca los ha visitado en la cárcel ni ha salido en su defensa. Lo que pase con el primer contacto cara a cara entre ellos será el dato político de la semana.
Este martes será, por motivos diversos, un día para recordar. La expresidenta llega arropada por el poder político que le ha dado su decisión de competir en las generales de octubre como candidata a vicepresidenta. Su presencia en los tribunales medirá además hasta dónde mantiene su capacidad de convocatoria popular: se esperan grandes manifestaciones en las puertas del edificio judicial en el barrio del Retiro, ubicado a unas 10 calles de la Casa Rosada. Y hay un detalle que convierte en aún más extraordinario este juicio oral: cuando los jueces dicten sentencia, será posible que Cristina Kirchner esté en la Casa Rosada como segunda de Alberto Fernández, el dirigente que ungió durante el fin de semana como cabeza de lista por el kirchnerismo.
El calendario del juicio coincidirá con la campaña electoral, pero no volverá a tener a la expresidenta en el banquillo al menos hasta después de la segunda vuelta, prevista para noviembre. Los acusados están obligados a presenciar sólo la lectura de la acusación y los alegatos finales. Mientras tanto, pasarán por el tribunal 150 testigos, entre ellos el propio Alberto Fernández, jefe de ministros durante el primer año de Cristina Kirchner como presidenta, en 2008.
Los fiscales y el juez Julián Ercolini, a cargo de la instrucción, acusan a la expresidenta de liderar una asociación que direccionó los contratos de obra pública hacia el empresario Lázaro Báez. Otro expediente investiga si, a cambio, recibió sobornos como pago.
Fuente: El País
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