“Nicaragua es un Estado policíaco y el Gobierno depende de su policía política para sostenerse”, afirma Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH en una entrevista al periódico El País de España.
Abrao asegura que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela son “las dos situaciones más críticas que vivimos en las Américas”
El brasileño Paulo Abrao es visto como un héroe en la Nicaragua gobernada con mano dura por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega.
Abrao y otros expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA aterrizaron en el país centroamericano hace un año para documentar las violaciones perpetradas por el régimen nicaragüense en el marco de la represión contra las protestas que exigen el fin del Gobierno sandinista.
La CIDH señaló que se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad, denuncias que hicieron que Ortega expulsara a sus expertos en diciembre.
La expulsión, sin embargo, no ha impedido que continúen monitoreando la situación nicaragüense.
En la entrevista para el periódico El País de España este fin de semana, Abrao advierte que se ha impuesto en Nicaragua un Estado policíaco y que Ortega se mantiene, sostenido por su “policía política”.
Nicaragua y Venezuela son “las dos situaciones más críticas que vivimos en las Américas”, sostiene.
“Es claro que las formas de represión han cambiado. El Gobierno ha retomado el control. A su vez hay un ambiente de intimidación, ha habido una disminución del número de protestas en el país, pero esto no significa que la represión haya bajado, se ha transformado por medio de otras prácticas.
La comunidad internacional tiene instrumentos fijados en el derecho internacional. Hace dos días la Comisión ha acudido a la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica, para solicitar que se tomen medidas provisionales en defensa de los detenidos políticos. Lo que esperamos es que la Corte pueda proceder con la decisión que obligue a Nicaragua a la cancelación definitiva de las detenciones. Para nosotros está más que probado que hay un riesgo de la integridad física de las personas detenidas, lo que puede generar un daño irreparable. Otros órganos no jurídicos y con carácter más político, como el propio Consejo Permanente de la OEA, han insistido en la activación de la Carta Democrática. Tenemos mucha expectativa en la Asamblea General de la OEA de finales de junio, ya que desde ahí también se puedan tomar decisiones concretas para que la comunidad internacional tenga una mejor capacidad de contribuir a la superación de la crisis, declaró para El País, rotativo español, Paulo Abrao, secretario ejecutivo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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