La decisión del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de continuar apoyando con fondos a la Policía Orteguista (PO) para “fortalecer las capacidades” de esta, puede traerle consecuencias adversas a la entidad regional que abarcaría afectaciones de sus inversiones en Estados Unidos y dañar su reputación con socios extrarregionales, advirtieron ayer analistas, que recordaron que el jefe policial está sancionado por EE. UU. por violentar los derechos humanos de los nicaragüenses.
El exgerente regional del BCIE, Róger Arteaga, reveló que “hay gente de la diáspora que están trabajando muy de cerca con gente de la OEA y con gente del Departamento de Estado” informándoles de la decisión del banco regional de estar asistiendo financieramente a un gobierno que está sancionado por violar los derechos humanos.
Es por ello que Arteaga cree que en cualquier momento Estados Unidos puede advertirle al BCIE sobre su financiamiento al régimen orteguista y este deberá decidir si se alinea o expone a sanciones sus inversiones que tiene, por ejemplo, en la Bolsa de Valores en Estados Unidos.
Además el exfuncionario del BCIE recuerda que dentro de los países socios de este banco hay naciones muy vinculadas a la lucha en favor del pueblo nicaragüense, como Costa Rica y Argentina.
Las críticas contra el BCIE se arreciaron esta semana, luego que se publicaran varias convocatorias para participar en licitaciones para dotar con equipos de transporte y tecnología a la Policía de Ortega, señalada por Estados Unidos y organismos internacionales de derechos humanos de estar detrás de la sangrienta represión contra civiles, que hasta ahora le ha costado la vida a por lo menos 325 nicaragüenses.
La oposición aumentó ayer la presión para revertir los financiamientos dispuestos por el BCIE a la PO y comenzó a recolectar firmas a través de la plataforma www.change.org, que acompañarán con una carta que enviarán a los miembros de la Asamblea de Gobernadores de la entidad regional. En pocas horas el sitio acumulaba 2,826 firmas.
La petición de firmas está acompañada por una carta enviada a los miembros de la Asamblea de Gobernadores, el banco “se expone a relacionarse con una institución cuyos máximos jefes, incluyendo el primer comisionado Francisco Díaz, ya sancionado internacionalmente, y que además podrían ser eventualmente llevados a las cortes internacionales, acusados por cometer presuntos delitos de lesa humanidad”.
Y además advierten que “se le está generando un daño irreversible a la reputación del banco frente al pueblo de Nicaragua, verdadero y legítimo socio de la entidad y no el Gobierno de turno”.
De hecho Arteaga señala que si bien los fondos de los proyectos que el BCIE sacó a licitación corresponden a un programa de seguridad ciudadana que se ejecuta a nivel de Centroamérica y se firmó antes del estallido de la crisis política, indica que dadas las circunstancias se debe vetar la participación de la Policía de Nicaragua en el mismo.
Por este programa la Policía tiene derecho a un fondo de 16.4 millones de dólares, según conoció LA PRENSA.
Tomado del diario La Prensa
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