Tomado de La Prensa
El proceso de desaparición del Banco Corporativo SA (Bancorp) está en marcha, pues ha empezado a devolver el dinero depositado por el público y otras entidades financieras, informó la entidad a consultas de LA PRENSA. Esto se ejecuta bajo el silencio de las autoridades de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), quienes hasta ahora no han informado si se conformó una junta liquidadora, como lo establece la ley, que esté a cargo de la disolución del banco.
“Actualmente Bancorp no está recibiendo depósitos del público, tampoco está colocando créditos, estamos regresando a nuestros cuentahabientes los fondos que tienen depositados en nuestro banco”, informó el área de prensa del Bancorp a través de correo electrónico.
Al 31 de diciembre del 2018 los depósitos en Bancorp eran por 11,354.6 millones de córdobas (unos 354.8 millones de dólares), según registros disponibles en la Siboif.
El banco ligado a los negocios de la empresa Alba de Nicaragua SA (Albanisa) ha sido manejado por allegados a la familia presidencial Ortega-Murillo y desde sus inicios registró un crecimiento exponencial, el cual no fue afectado ni por la crisis económica del 2018 causada por la inestabilidad política debido a la represión gubernamental a las manifestaciones ciudadanas.
Las autoridades del banco no aclararon si hay una junta liquidadora a cargo del proceso de disolución, quiénes la integran o el plazo para finalizarlo. Lo que se respondió a LA PRENSA es que la solicitud de la disolución voluntaria anticipada la realizaron “conforme a las leyes y normas vigentes”.
“Según el protocolo, este proceso se realiza en dos etapas. La primera que debe garantizar la devolución de los depósitos de todas las cuentas habientes, el pago a proveedores de bienes y servicios y la provisión de los recursos necesarios para el pago de las prestaciones de los trabajadores del banco”, indicaron.
“Una segunda etapa —explicó Bancorp— comprende la liquidación de todos los activos del banco y conforme las leyes y normas no podremos iniciar esta segunda etapa hasta que la primera no esté cumplida. Por tal razón, todos nuestros clientes de crédito deberán mantener al día sus pagos conforme los términos y condiciones contratadas o bien pueden realizar pagos anticipados”.
A pesar de lo delicado del tema, en la Siboif siguen sin pronunciarse sobre la disolución anticipada solicitada por Bancorp, así como sobre si habrá efectos en el Sistema Financiero y las medidas que deberían tomarse para contrarrestarlas.
La Ley General de Bancos en su artículo 15 establece que la disolución voluntaria anticipada solicitada por una entidad “requerirá la previa autorización del Superintendente de Bancos”, que, además deberá nombrar un liquidador, “para lo cual la junta general de accionistas del banco podrá proponer candidatos”.
El banco de Albanisa —como lo ha identificado el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el propio exsuperintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, quien autorizó su conformación en 2014— solicitó el 23 de abril de este año ante la Siboif permiso para iniciar el proceso de disolución ante la imposibilidad de continuar “haciendo negocios” tras las sanciones de Estados Unidos el pasado 17 de abril.
Basado en información oficial, un economista que prefiere no ser citado explicó que el 98 por ciento de los depósitos del Bancorp al 31 de diciembre de 2018 estaba concentrado en depósitos de más de quinientos mil córdobas, “lo cual estaría indicando que se trata, ante todo, de depósitos de entes y/o personas relacionadas de importante capacidad económica, depósitos que se procuraría proteger de las sanciones”.
Un poco más del 20 por ciento de este dinero estaba colocado en forma de crédito y el restante en inversiones y depósitos en el Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda y Crédito.
Un fuerte remanente del dinero del Bancorp estaba invertido en títulos del Banco Central, alimentando las reservas internacionales. Esto implicará, según el economista, que en la Bolsa de Valores se inicie el proceso de liquidación de dichas inversiones en títulos estatales.
La liquidación del Bancorp supondría el fracaso del régimen orteguista de intentar salvarlo de las sanciones con la compra del Estado para convertirlo en el Banco Nacional.
En la Siboif y los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional hasta hoy no han aclarado cuál es la situación jurídica respecto a la compra por parte del Estado del Bancorp, puesto que si bien la ley que aprobó esa transacción no ha sido publicada en La Gaceta, existe incertidumbre al respecto.
El economista y opositor Edmundo Jarquín afirmó que es responsabilidad de la Superintendencia, los diputados y el Ejecutivo dar una explicación debido a que “hoy por hoy hay un limbo” sobre la adquisición del Bancorp, por la que el Estado pagaría 23 millones de dólares y se aprobó en la Asamblea.
“La cuestión más importante con relación al Bancorp es la inutilidad de la gestión del Gobierno al tratar de comprarlo y constituirlo en Banco Nacional, por el hecho de que esa operación arriesgaría a contaminar no solamente a todo el Sistema Financiero, sino las cuentas mismas del Estado nicaragüense”, afirmó Jarquín.
No obstante, el también economista dijo que para dar por cancelada la adquisición del banco por parte del Estado “debe la Asamblea, que es ciento por ciento controlada por el régimen de Ortega, cancelar la aprobación de la ley a través de la cual se autorizó”.
El economista, que pide no ser citado, explicó que la evolución de los pasivos y su composición en Bancorp muestran un gran salto en los depósitos en 2017 que aumentaron 136.7 por ciento, lo cual se produce cuando se le trasladan los depósitos que Albanisa mantenía en otros bancos comerciales.
“Esas transferencias se hacen a petición de dichos bancos comerciales, que buscan minimizar el riesgo de verse afectados por la posible aplicación de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos hacia Albanisa, por su relación con Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, indica.
Sin embargo, la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tenido consecuencias, ya que Estados Unidos ha sancionado por corrupción y violaciones a los derechos humanos a altos funcionarios de la dictadura, entre ellos a la cogobernante Murillo y el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo.
El Departamento del Tesoro de los EE. UU. busca cerrar el grifo de los negocios del régimen al sancionar a Albanisa y al Bancorp. La junta general de accionistas de este último el 22 de abril pasado decidió disolver el banco ante la imposibilidad de continuar “haciendo negocios” tras las sanciones de Estados Unidos.
El año pasado en plena crisis económica Bancorp logró generar 59 por ciento más en ganancias que en 2017, frente a la caída del 38 por ciento que registró el Sistema Financiero Nacional en su conjunto en este mismo indicador y periodo.
El martes pasado la diputada liberal y exministra de Comercio, Azucena Castillo, emplazó a los diputados orteguistas aclarar a los nicaragüenses qué sucederá con la ley en la que se aprobó la compra del Bancorp por parte del Estado. Pero los orteguistas no respondieron.
“El sector privado y la ciudadanía en general se merecen una explicación de cómo queda todo, y si hubo o no algún desembolso para comprar el banco. Y cómo también se va a preservar del contagio de las sanciones al Estado, siendo que Bancorp es un importante inversionista con fondos de Albanisa”, dijo Castillo.
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