Luego de un año del inicio de la crisis en Nicaragua, el Gobierno del presidente Ortega continúa con su estrategia de represión y violación de derechos humanos, a pesar de los múltiples llamados de los organismos internacionales y del decidido esfuerzo de la sociedad civil de encontrar una salida pronta que respete los derechos de la población, afirma Amnistía Internacional.
“La espiral de violencia estatal no llega a su fin en Nicaragua. En lugar de tomar todas las medidas a su alcance para garantizar que la violencia cese, las autoridades siguen instaurando un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Una vez más, el Gobierno del presidente Ortega ha respondido con un excesivo despliegue policial que solo busca amedrentar, infundir miedo e imposibilitar el ejercicio de derechos”.
Durante la semana pasada, Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión y hostigamiento a periodistas. En ese contexto, el joven Yader Parajón, activista y hermano de una de las víctimas mortales de las protestas, fue detenido con violencia el 16 de abril. Yader relató a Amnistía Internacional que agentes de la policía lo detuvieron mientras caminaba cerca de su casa y lo llevaron a una delegación policial.
Denunció que durante los casi seis días que estuvo detenido, no tuvo acceso a asistencia legal, no pudo notificar o ver a su familia y nunca se le informó el motivo de su detención. Según la información que Amnistía Internacional recibió, el 17 de abril, en el marco de la convocatoria ciudadana para una marcha pacífica organizada en las vísperas del aniversario de la crisis, se registró un ostentoso despliegue policial en la ciudad de Managua en diferentes puntos de la ruta de la marcha.
Además, agentes policiales cercaron el punto principal de encuentro de las personas manifestantes y las zonas aledañas, impidiendo el inicio de la marcha y la salida temporal de las personas que se encontraban en el lugar.
Asimismo, un activista informó a Amnistía Internacional que observó cuando la policía dispersó con bombas aturdidoras y de gases lacrimógenos a un grupo de personas que se manifestaba en una zona aledaña al punto de convocatoria de la marcha. En ese marco, se registró la detención de decenas de personas manifestantes y un periodista. Además, se recibieron reportes de intimidación por presuntos grupos parapoliciales, quienes recorrían la zona de la protesta a bordo de motocicletas y camionetas. Por su parte, la Policía Nacional asedió fuertemente las celebraciones religiosas de carácter público el 19 de abril.
En ese contexto, Amnistía Internacional fue informada sobre la intimidación ejercida por la policía contra los participantes de la celebración religiosa del viacrucis. Por ejemplo, en la ciudad de Tipitapa, muchas personas tuvieron que desistir de su participación en la conmemoración religiosa ante la presencia de múltiples agentes de policía, quienes tomaban fotos y videos de algunos feligreses. El mismo día, según la información disponible, el viacrucis de la Managua terminó con cientos de personas buscando resguardo al interior de la catedral, mientras la policía cercaba la zona.
“Durante el primer aniversario del inicio de las protestas, el Gobierno del presidente Ortega tuvo la oportunidad de mostrarle al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional que el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos trasciende un discurso que se recita constantemente en una mesa de negociación o en foros internacionales,” agregó Guevara Rosas.
“Lamentablemente, las autoridades demostraron que su estrategia para salir de la crisis, lejos de garantizar justicia, verdad y reparación, incluye seguir reprimiendo cualquier forma de protesta o disidencia e intentar silenciar a los medios de comunicación independientes. El supuesto compromiso del Gobierno con una solución a la crisis de derechos humanos debe reflejarse en las calles de Nicaragua”, señala Amnistía Internacional.
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