La Unidad Nacional Azul y Blanco mantiene la convocatoria a marcha nacional “Todos somos abril” el Miércoles Santo contra el Gobierno de Daniel Ortega, pese a que la Policía al servicio del régimen la prohibió.
“La marcha va”, indicó la Unidad Nacional en una conferencia de prensa y en una carta pública, en la que exhorta a la comunidad internacional a llamar al Gobierno de Nicaragua a no reprimir la movilización en conmemoración al primer aniversario de la insurrección cívica contra Ortega, misma a la que respondió con represión, muerte, dolor, luto, cárcel y exilio.
La manifestación iniciará a las dos de la tarde en la rotonda Centroamérica y culminará en el monumento Alexis Argüello en Managua.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respalda la marcha exigiendo el respeto al derecho constitucional a manifestarse.
La ONU llama al Gobierno a no reprimir movilizaciones
Con motivo del aniversario del inicio de la crisis en Nicaragua, donde se prevén importantes protestas esta semana, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al Gobierno de Ortega a que asegure que sus fuerzas de seguridad garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente y puedan expresar sus opiniones de conformidad con los derechos internacionalmente reconocidos, y alertó a las autoridades para que tomen medidas con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza.
Durante el año transcurrido desde la primera represión violenta contra las protestas masivas en Nicaragua el 18 de abril de 2018, más de 300 personas resultaron muertas, 2,000 heridas, 62,000 desplazadas fuera del país y varios cientos de personas han sido privadas de libertad.
“Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta”, dijo Bachelet. “Las violaciones registradas durante el año pasado incluyen la criminalización, el hostigamiento y los ataques en contra de líderes estudiantiles, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno. Las autoridades también han recurrido a la censura de los medios de comunicación, la prohibición de manifestaciones y el persistente uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias a gran escala por parte de la policía. Inevitablemente estas acciones, junto con la ausencia de rendición de cuentas por los excesos ilegales de los miembros de las fuerzas de seguridad, han avivado las tensiones en el país en lugar de reducirlas”.
“El hecho de que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto y que el Gobierno no esté honrando los acuerdos alcanzados hasta ahora, está socavando la posibilidad de establecer un verdadero diálogo inclusivo para resolver la grave crisis social, política y de derechos humanos que enfrenta el país”, dijo Bachelet.
Bachelet destacó su voluntad de cooperar y que su personal está dispuesto a regresar al país para ayudar a las autoridades a cumplir con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado, siempre y cuando se den condiciones que les permitan operar de manera efectiva y creíble.
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