Con el anuncio de la mesa de negociación de que entraron en una fase de reflexión, los ciudadanos también tenemos el derecho y la obligación de hacer nuestras propias reflexiones. Un derecho elemental pues nos estamos jugando nada más y nada menos que la libertad, la vida y el futuro de generaciones enteras.
Como de costumbre, arranquemos con los hechos.
Cuando se anunció la apertura de negociaciones estaban en el ambiente los ecos de la visita de los parlamentarios europeos, quienes plantearon la urgencia del diálogo, amagaron con sanciones y propusieron que para una negociación creíble era necesario disponer de algunas condiciones básicas, entre las cuales señalaron: la liberación de los prisioneros políticos, el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas, primordialmente las libertades de movilización y de prensa.
La mediación de la Conferencia Episcopal era otra condición en la que coincidían la comunidad internacional y la gran mayoría del pueblo nicaragüense.
La Alianza Cívica, recibió respaldo para cumplir el papel de contraparte en la negociación. Se conformó la representación opositora, integrada por seis negociadores.
Todavía nadie ha explicado con claridad por qué razón las cámaras empresariales se reservaron una representación preponderante. Si bien es cierto que las cámaras empresariales han desempeñado un papel importante, moros y cristianos sabemos que no ha sido el más destacado en esta lucha. Pero bueno, el hecho es que se sentaron.
Lo primero que resolvieron fue dejar a un lado las precondiciones. Se argumentó que no era viable presentar precondiciones. Sin embargo, Ortega sí partía con sus propias precondiciones. Repasemos rápidamente las precondiciones del régimen: Suspensión de facto de garantías y derechos Constitucionales; más de setecientos rehenes; jefes policiales señalados de cometer delitos de lesa humanidad en sus cargos; propiedades invadidas y empresarios despojados; medios de comunicación clausurados y saqueados; acoso y represión generalizada; Organizaciones No Gubernamentales canceladas y saqueadas; liquidación de los derechos de reunión y movilización; periodistas perseguidos, acosados, encarcelados o exiliados; paramilitares en la calle; retención de insumos a los periódicos. Estas son, en parte, las precondiciones con que arrancó Ortega. No realizó ningún gesto para remover ni una sola.
Pero bueno. Se sentaron. Después de varios días de negociación se anunció lo que llamaron Hoja de Ruta. A título de anécdota señalamos que así se llamó también el acuerdo suscrito por Nicolás Maduro con la Oposición, con mediación del Vaticano, a finales del 2016. Un acuerdo que Maduro no cumplió y que le sirvió para: ganar tiempo; desmantelar a la Mesa de Unidad Democrática; desalentar las movilizaciones de protesta y profundizar su control dictatorial. Le resultó tan satisfactorio ese diálogo que allí está pidiendo otro.
Pero volvamos al punto. Todos sabemos, o deberíamos saber, que el propósito principal de Ortega es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Para Ortega la política es una modalidad de guerra, donde todo vale. Matar. Mentir. Arrebatar. Traicionar. Para lograr sus propósitos, el régimen despliega una estrategia integral que abarca todos los frentes. Con esta lógica maligna, la mesa de negociación para ellos es un campo de batalla donde buscan como distraer, engatusar y vencer.
Más específicamente, en la mesa de negociación, desde el principio estaban claros los objetivos de Ortega:
• Ganar tiempo.
• Neutralizar o congelar las sanciones de la comunidad internacional.
• Socavar la credibilidad de la Alianza Cívica y alimentar contradicciones entre las organizaciones opositoras.
• Instalar en la población desconfianza hacia liderazgos y fuerzas opositoras, así como desconcierto y desaliento en la lucha.
Al cerrar esta fase ¿En qué punto estamos?
Ortega logró sacar de juego a la Conferencia Episcopal. Las sanciones siguen refrenadas. Ganó tiempo. Erosionó la credibilidad de la Alianza Cívica. Siguen proscritos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; el MESENI; la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo establecido por la OEA. Los periódicos están a punto de sucumbir por el embargo impuesto en sus insumos.
Las garantías y derechos constitucionales siguen suspendidos, de facto; Los medios de comunicación siguen clausurados y los periodistas perseguidos o encarcelados; las organizaciones no gubernamentales siguen despojadas de derechos y de sus bienes; los paramilitares siguen en la calle, disparan y la policía los declara como víctimas, los derechos de reunión y movilización siguen anulados; el acoso, las capturas y la represión siguen campantes. La gran mayoría de los rehenes están en cautiverio.
Por si fuera poco, el régimen impuso en el camino un paquete de reformas a la seguridad social y a los impuestos, que significan un flagelo para familias y empresarios.
Además, colocó su banco, el BANCORP, bajo protección del Estado para intentar esquivar las sanciones.
¿Qué tenemos en la mano? La excarcelación de una cuarta parte de los rehenes, algunos de los cuales han sido encarcelados de nuevos. Tenemos unas declaraciones de intención que fueron violentadas menos de 24 horas después de ser suscritas. Están embotelladas las negociaciones sobre justicia y democracia, que son banderas que el pueblo enarboló desde los primeros días de la lucha.
Estos son los hechos. Usted haga su balance. Y después discutamos hacia adonde vamos.
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