Enrique Sáenz (*)
Comencemos por los hechos. En la llamada Hoja de Ruta convenida por los representantes del régimen de Ortega y los representantes de la Alianza Cívica se fijó la fecha 28 de marzo como límite para concluir el proceso de negociación.
Una semana antes de cumplirse el plazo, los negociadores anunciaron el acuerdo de liberar a las prisioneras y prisioneros políticos en el plazo de 90 días. El anuncio provocó una aguda polémica en la población que, en general, rechazó ese plazo por percibir que se trataba de una estratagema de Ortega. A pesar del compromiso, el gobierno continuó con la persecución, asedio y capturas. Si bien excarceló a 50 secuestrados, días después se denunciaron casos de excarcelados que fueron nuevamente capturados bajo otros cargos.
Una vez que llegó el 28 de marzo, la mesa de negociación dio a conocer un comunicado de dos líneas que dice: el proceso de negociación continúa y culminará el miércoles 3 abril.
Hace tres días, se dieron a conocer dos acuerdos más, uno sobre derechos y garantías ciudadanas y otro sobre la liberación de los prisioneros políticos.
Menos de 24 horas después de que se dieron a conocer, la policía actuó igual que siempre: impidió una manifestación pacífica, embistió, golpeó y capturó a manifestantes, entre ellos tres mujeres mayores de cincuenta años. Además, un paramilitar disparó contra la gente, ocasionó heridos y no provocó víctimas mortales gracias a la acción heroica de un joven que se lanzó sin más armas que sus brazos, sobre el terrorista que empuñaba una pistola.
Germán Dávila Blanco, el pistolero que todo mundo vio y ve, en medios de comunicación, videos, redes sociales y fotografías, ahora resulta que según la versión oficial de la policía fue el agredido. Para la policía, el paramilitar que blandía un arma, que disparó a mansalva, y que no mató a nadie de puro milagro, es presentado como víctima.
Pero la cuestión no quedó solo en la policía, los representantes del régimen con su lenguaje habitual y con su cinismo de siempre, emitieron un comunicado en el que lisa y llanamente confirman que no tienen la menor intención de cumplir el compromiso suscrito. Para ellos es papel mojado. En efecto, en el comunicado califican de vandálicos y de provocar actos terroristas a ciudadanas y ciudadanos, de diversas edades, que ejercían su derecho a la manifestación pacífica. Ni siquiera mencionaron al terrorista que disparó a la gente.
¿Qué consideraciones podemos extraer de estos hechos?
Que los acuerdos anunciados el 29 de marzo son una burla en dos tiempos. Burla al momento de suscribirlos y anunciarlos. Y burla al momento de incumplirlo.
Como evidencia vamos a referirnos, por hoy, al episodio más notorio.
Sabemos que las bandas paramilitares son responsables de crímenes, torturas, desapariciones, secuestros, daños y ocupación de propiedades, entre otras tropelías.
Sabemos también que sin la disolución efectiva de las bandas paramilitares no podremos tener paz, ni seguridad.
Ahora leamos el acuerdo de la mesa de negociación. Dice así:
“Instamos a las autoridades se tomen las medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal. A efecto de mantener el Orden Público y la Seguridad Ciudadana, detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad”.
¿Cómo es eso de instar a las autoridades? ¿Acaso no está consignado en diversos informes que Ortega y el jefe de la policía estaban a la cabeza de los paramilitares?
Si se trata de una negociación con el diablo hay que llamar al pan, pan, y al vino, vino.
Si nos atenemos a lo escrito, la mesa de negociación resolvió dejar intactas las bandas paramilitares.
¿Por qué afirmamos lo anterior?
Porque Ortega, con el descaro de costumbre declaró repetidas veces que los paramilitares eran policías voluntarios que actuaban en el marco de la ley. Más tarde, el jefe de la policía declaró a un medio europeo que los enmascarados de civil eran policías cumpliendo su misión de resguardar el orden.
En consecuencia, el supuesto compromiso es más bien una burla. Cuando se le exija cumplir, repetirá la misma cantinela.
Tan burla es, que un día después del compromiso, un paramilitar, sabiéndose seguro de estar cobijado de impunidad por parte del régimen, disparó contra de manifestantes pacíficos y no provocó una tragedia de puro milagro.
Tan burla es, que la policía se encargó rápidamente de eximir de toda responsabilidad al terrorista y más bien lo hace aparecer como víctima
Tan burla es, que los mismos representantes del régimen se encargan en su comunicado de anunciar su determinación de continuar pisoteando los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses, a quienes califican de violentos, vandálicos y terroristas, incluyendo en estas descalificaciones a miembros de la mesa de negociación.
En conclusión, estamos ante una doble burla por parte de la camarilla gobernante. Burla al momento de suscribir y anunciar acuerdos que no pretenden cumplir. Y burla al momento de hacer gala de sus embustes.
- Comentaristas político de Radio Corporación
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