Enrique Saenz
Una de las novedades del proceso de lucha por la democracia en nuestro país son las redes sociales. Sirven para informar, para opinar, para denunciar, para debatir. Se han transformado en un espacio vivo y vibrante donde cotidianamente se libran batallas con los operadores del régimen. Es claro que tienen su lado oscuro ya que también se utilizan para desinformar, difamar y ofender. Pero bueno, no todo es perfecto.
Más allá de los excesos, esta intensidad es síntoma de vitalidad, de una sociedad comprometida con su presente y con su futuro. Por otra parte, es natural que así ocurra pues no estamos en una negociación donde se transen precios y mercancías. Hay centenares de muertos, centenares de prisioneros, miles de perseguidos, miles de exiliados. Y está en juego nada más y nada menos que la libertad de un país y el porvenir de generaciones enteras.
En los últimos días las polémicas, controversias y debates se encendieron hasta alcanzar el rojo vivo y tienen el termómetro casi a reventar.
Es notorio el predominio de posiciones críticas tanto hacia la mesa de negociación como hacia la Alianza Cívica. Hay mucho que decir, y lo haremos, pero por hoy nos centraremos en el tema que más ha concitado el interés de la gente. Nos referimos a los famosos 90 días para liberar a los prisioneros. El acuerdo dice así: “La liberación dentro de un plazo máximo de 90 días, de conformidad con el ordenamiento jurídico del país de todas las personas presas y detenidas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018”.
La pregunta que se hace todo mundo y con mucha razón es ¿por qué 90 días y no 48 horas o una semana?
Todos estamos claros que a Ortega las leyes le tienen sin cuidado. Los procedimientos legales le valen un comino. Ha enjuiciado, encarcelado, perseguido, condenado, a diestra y siniestra, atropellando Constitución, libertades, derechos y garantías. Todos lo sabemos. Y el mismo Ortega ni siquiera intenta ocultarlo. Sabemos que bastaría una instrucción de su parte para que sus súbditos de la Corte Suprema de Justicia de un plumazo procedan a anular todos los juicios. Antes de 24 horas estaría resuelto.
Entonces a qué vienen los noventa días. Hagamos un repaso de los objetivos de Ortega porque es la clave para orientarnos.
Ante todo, hay cuatro realidades que no podemos olvidar:
Uno. Que la determinación de Ortega es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste.
Dos. Que para Ortega la política es una modalidad de guerra. Donde todo vale. Matar. Mentir. Traicionar. Y todos los espacios, aún los aparentemente más inofensivos, todos, son campos de batalla.
Tres. Que para lograr sus propósitos, el régimen despliega una estrategia integral que abarca todos los frentes, utilizando sin escrúpulos todo el arsenal a su disposición: grupos paramilitares, medios de comunicación, servicio exterior, policía, asamblea, estructura electoral, aliados religiosos, civiles y políticos, ejército, aparato judicial, aliados internacionales.
Cuatro. Que la mesa de negociación es un campo de batalla donde busca como distraer, confundir y vencer.
Más específicamente, con la mesa de negociación pretende:
• Ganar tiempo.
• Extraer gas a la presión internacional, principalmente para neutralizar o congelar las sanciones que adelanta la comunidad internacional.
• Dividir y sembrar desconfianza entre las organizaciones opositoras.
• Instalar en la población desconcierto, desaliento y desconfianza hacia liderazgos y fuerzas opositoras.
Teniendo muy presente lo anterior, vamos con los noventa días.
Primero. La Nica Act consigna que a más tardar en 180 días el Departamento de Estado debe certificar al congreso si el régimen está progresando en la agenda democrática y de derechos humanos. Y esos 180 días se vencen en junio. Ortega busca disponer de un plazo que le permita intentar flexibilizar las posiciones del Departamento de Estados con gestos, maniobras y manipulaciones para proyectar la imagen de que efectivamente está avanzando en esa agenda. Igual que hizo para solventar el waiver con los conflictos de propiedad.
Segundo. La Carta Democrática establece como parte de los procedimientos para su aplicación a los gobiernos remisos, que se realicen gestiones diplomáticas antes de pasar a las votaciones decisivas. Aquí Ortega pretende dos cosas: Almagro había puesto la liberación de los prisioneros como condición para la participación de la OEA. Al aparecer un acuerdo entre gobierno y Alianza Cívica sobre la liberación de prisioneros, en 90 días, Almagro queda despojado de su posición. Al incorporar a la Secretaría General por la vía del ex ministro de Defensa del gobierno de Mujica, el ex Tupamaro Luis Rosadilla, Ortega pretende que el Consejo Permanente quede con las manos atadas para continuar la tramitación de la Carta Democrática.
Tercero. El Parlamento Europeo aprobó una resolución condenatoria, en la cual se pide a las autoridades de la Unión Europea y a los propios Estados Miembros (Alemania, Francia, España, etc) la aplicación de sanciones a los jerarcas del régimen y en la que se alude expresamente a la liberación de los prisioneros políticos. Ortega también quiere lograr un respiro y que las sanciones no progresen.
A lo interno lo que persigue es quitarle presión a la campaña por la libertad de los prisioneros políticos, mientras sigue manteniéndolos como rehenes y carta de cambio en su juego siniestro.
Pues bien. Esos son las pretensiones de Ortega. Y el acuerdo es entre la Alianza Cívica y el gobierno de Ortega. No es un compromiso nuestro. Por consiguiente, los esfuerzos del pueblo nicaragüense deben enfocarse en desenmascarar y contrarrestar las maniobras de Ortega. Para ello debemos intensificar la campaña por la liberación inmediata de los prisioneros políticos, desde la trinchera en que nos encontremos. Es lo que nos corresponde.
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