EEUU: Ortega fortaleció impunidad a violadores de DDHH leales a él

El Gobierno de los Estados Unidos acusó a Daniel Ortega de «fortalecer activamente la impunidad a violadores de derechos humanos leales a él» durante el 2018.

En el informe de derechos humanos 2018, se detalla que «Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario, dominado por el Presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la Vicepresidente Rosario Murillo Zambrana».

Denuncia que el «Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega ejerce control absoluto sobre las funciones del poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, a pesar del estatus oficial del país de ser una república constitucional multipartidista».

En cuanto a la crisis socio política que explotó en abril del año pasado, Estados Unidos señala que hubo una «respuesta excesiva del gobierno (que) incluyó el uso de balas y de francotiradores».

«Hasta noviembre, el conflicto resultante dejó al menos 325 muertos, más de 2,000 personas heridas, cientos de personas detenidas ilegalmente y torturadas y más de 52,000 exiliados en países vecinos», fundamenta el informe.

Detalla que «hubo informes de ejecuciones ilegales o arbitrarias cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzosas por parte de las fuerzas para-policiales; tortura; abuso físico, incluyendo violación sexual, por parte de funcionarios de gobierno; y arrestos y detenciones arbitrarias.  Hubo condiciones carcelarias difíciles y que ponen en riesgo la vida; prisioneros políticos; interferencia arbitraria e ilegal a la privacidad de las personas; arresto de periodistas, censura, bloqueo de páginas web y calumnias; además de una sustancial interferencia con los derechos de reunión y asociación, incluyendo ataques hacia la Iglesia Católica Romana y hacia funcionarios de la Iglesia».

Además denuncias que «el gobierno canceló el estatus legal de varias organizaciones no-gubernamentales (ONGs) y organizaciones de la sociedad civil, apropiándose de sus bienes e impidiendo sus operaciones».

«Hubo una corrupción generalizada; trata de personas; ataques contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); y discriminación contra minorías étnicas y de personas y comunidades indígenas», indican.

 

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