Editorial La Prensa: En casa, pero no en libertad

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Este miércoles 27 de febrero, antes de que comenzara el diálogo y negociación de la Alianza Cívica con el régimen de Daniel Ortega, varias decenas de presos políticos salieron del presidio. Salieron de la cárcel pero aún no están en libertad.

Sin embargo, fue emocionante el momento cuando al ser sacados de la cárcel para llevarlos a sus hogares, los presos políticos manifestaron su pesar porque la mayor parte de sus compañeras y compañeros quedaban dentro de las prisiones, soportando el inhumano trato carcelario de sus guardianes verdugos.

También fue emotivo escucharlos cantar el Himno Nacional, demostrando de manera clara y contundente su firmeza de carácter y su decisión política de seguir luchando contra la dictadura, como lo hacían dentro de la cárcel que convirtieron en otra barricada de lucha por la libertad, la justicia y la democracia.

Como era de esperarse, la salida del grupo de presos políticos de la cárcel pero no libres sino para pasar al régimen de prisión domiciliar, provocó múltiples reacciones. Sobre todo la de que casa por cárcel no es libertad y que todos los presos políticos deben ser realmente liberados.

Pero no se puede menospreciar la alegría de los familiares de estos presos que han pasado al régimen penitenciario de casa por cárcel, sobre todo de sus madres y padres que han sufrido mucho y por lo menos ahora tienen a sus hijos en el calor del hogar, no en las celdas inmundas.

Además este podría ser el primer paso para conseguir la libertad plena de todos los presos políticos, los que han sido detenidos y judicializados de manera ilegal, sin respetar el debido proceso, por insana venganza de una dictadura que no perdona a quienes se han rebelado por necesidad de justicia y democracia.

La Alianza Cívica ha asegurado que la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos es una demanda primordial en la negociación con el régimen orteguista. Así tiene que ser, no solo por deber humanitario sino también como condición indispensable para que pueda haber un acuerdo digno que abra el camino a la recuperación de la democracia.

Los organismos internacionales de derechos humanos han concluido después de exhaustivas investigaciones, que los encarcelamientos, juicios y condenas a los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega han sido y son contrarios a derecho y deben ser anulados.

Por su parte el exmagistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, al renunciar a su poderoso cargo estatal y a su militancia en el partido FSLN, admitió que el poder judicial ha sido utilizado por Daniel Ortega y Rosario Murillo para inventar contra los presos políticos “una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca se cometieron”.

Ante confesión de parte no hacen falta pruebas, dicen los abogados. La confesión de Solís confirma que todos los presos políticos deben ser puestos incondicionalmente en libertad y este tendría que ser el primer acuerdo en la negociación de la Alianza Cívica con la dictadura.

 

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