El Fiscal General de la República (FGR), Raúl Melara, informó que ordenó abrir una investigación judicial en contra del expresidente, Mauricio Funes, por la supuesta compra de diputados para obtener votaciones favorables en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2009-2015.
El fiscal general hizo el anuncio la mañana de este martes a través de su cuenta de Twitter, en la que detalló que el trámite judicial iniciará a través de las Unidades Especializadas de la FGR.
En reunión de seguimiento con las Unidades Especializadas he ordenado abrir investigación sobre el audio de ex Presidente Funes por posible compra de diputados. pic.twitter.com/dCJyo7c1MD
— Raúl Melara (@MelaraRaul) February 12, 2019
Melara ordenó iniciar la nueva investigación en contra de Funes, luego de conocerse a través de una publicación periodística que, entre 2009 y 2015, el exmandatario posiblemente dirigió operaciones para obtener votos de diputados, con un costo de $ 40 millones provenientes de fondos públicos.
En el caso también han sido mencionados Miguel Menéndez “Mecafé” y Hérbert Saca, quienes presuntamente fueron sus colaboradores más cercanos durante este periodo.
Para Funes, esta sería la quinta investigación judicial en su contra. La primera es por su presunta participación en actos de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.
Otra, girada por el Juzgado Quinto de Paz, es por divulgar de manera supuestamente ilegal el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que comprometía al expresidente Francisco Flores.
Funes también enfrenta dos órdenes de detención por dos casos de corrupción: la acusación que contra él pesa por malversar $351 millones de Casa Presidencial y pagar sobornos al ex fiscal general Luis Martínez a cambio de inmunidad.
Actualmente, el expresidente se encuentra con asilo político desde 2016 en Nicaragua junto a su expareja junto a su pareja Ada Mitchell Guzmán y sus hijos, bajo el argumento de que, tras su mandato, estaba en riesgo su integridad física y la de su grupo familiar, “por luchar en pro de la democracia, la paz y la justicia”.
El Economista
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