La Prensa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra Daniel Ortega por haberse presentado como candidato a los comicios presidenciales de 2011, violando la prohibición expresa de la Constitución de Nicaragua.
Aunque la decisión de apenas admitir el caso llega más de siete años después del hecho, para analistas y políticos esto representa una oportunidad para demostrar la “ilegitimidad de origen” de las continuas reelecciones de Ortega.
La denuncia fue realizada por el entonces candidato opositor Fabio Gadea Mantilla el 5 de octubre de 2011, días antes de las elecciones, según el informe número 179/18, que fue divulgado esta semana, aunque aparece fechado desde el 26 de diciembre pasado.
“La admisión en la Comisión es el primer paso. Si pasa a la Corte (Interamericana) y esta falla de conformidad, sería un severo golpe al caudillismo”, explicó Edmundo Jarquín, quien entonces fue candidato a vicepresidente de Gadea.
La información sobre la decisión de admisión de la denuncia fue publicada inicialmente en su cuenta de Twitter por el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga (2001-2002), quien comparó el caso de Ortega con el de Evo Morales, otro mandatario que insiste en reelegirse, pese a haber perdido una consulta popular sobre el tema en su país.
Según el documento, Gadea Mantilla, entonces candidato de la Alianza Partido Liberal Independiente, afirmó que hubo “violación de sus derechos políticos y del principio de legalidad” al permitir al sandinista presentarse para un tercer mandato.
Ortega gobernó el país entre 1984 y 1990 en un período convulso, marcado por la guerra civil, la intervención extranjera y por el autoritarismo de la clase gobernante.
El caudillo retomó el ejecutivo en 2007 tras 16 años en la oposición, durante este tiempo fraguó alianzas con sectores que adversó en los años ochenta y mantuvo una actuación agresiva contra los gobiernos de turno a través de los sindicatos y organizaciones populares controladas por el sandinismo.
Instalado en el poder, sin embargo, la continuidad en el mismo tenía un enorme obstáculo por lo que dictaba la Constitución desde 1995.
La Constitución prohibía en su artículo 147 la reelección para un segundo período y también para aquellos que ya hubieran ejercido la primera magistratura en dos ocasiones, como era el caso de Ortega.
Hoy sigue en el poder y es denunciado por graves violaciones a derechos humanos desde abril pasado, cuando el Estado reprimió a la ciudadanía por salir a manifestarse contra la dictadura, dejando un saldo de al menos 325 fallecidos.
Para lograr su reelección, Ortega se apoyó en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, bajo control de magistrados de su partido, quienes declararon inaplicable el artículo 147 y permitieron la reelección presidencial.
Sobre esta sentencia en enero pasado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, antiguo operador político del régimen y hoy en el exilio, dijo que la misma fue “un error”.
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