Ex Presidente Funes se ampara en asilo otorgado por Ortega para no ser extraditado

Funes es prófugo de la justicia tras acusaciones de corrupción

El Salvador

El Juzgado Cuarto de Instrucción pidió a la INTERPOL que “emita la difusión o notificación roja” contra el ex presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena.

Ante esto, el exmandatario que se encuentra pófugo de la justicia y asilado en Nicaragua, declaró que le tiene sin cuidado la posición del próximo presidente de la República, Nayib Bukele «Me tiene sin cuidado la posición de Nayib y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua. Es de ignorantes creer que una extradición la decide el Estado que la pide. Esa es una decisión soberana del gobierno que concede el asilo. Es Ortega y no Nayib el que debe decidir», dijo en su cuenta de Twitter.

En febrero del año pasado Bukele manifestó que enviaría al presidente Daniel Ortega una solicitud para que cancele el asilo político otorgado en septiembre de 2016 al expresidente Funes.

“Necesitamos tiempo para que el presidente Daniel Ortega reciba una carta de este servidor pidiéndole que le quite el asilo político al señor Funes Cartagena”, dijo en su momento Bukele.

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La petición de extradición incluye además de Funes, al empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Francisco José Paredes (exjefe de la Unidad de Patrimonio de la Fiscalía) y Edgar Márquez (ex fiscal adjunto) acusados de ser parte de una estructura que pactó dádivas con el ex fiscal general Luis Martínez a cambio de impunidad.

El exmandatario, asilado en Nicaragua junto a su familia, es acusado de pagar unos 935,000 dólares a Martínez (2012-2015) para evitar la investigación por el armisticio de las pandillas, por la construcción irregular de una represa y otros casos.

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El expresidente es requerido para que enfrente los delitos de cohecho activo, cohecho propio, omisión de la Investigación y falsedad documental agravada.

Funes atribuyó al armisticio entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100,000 habitantes en 2015.

Este proceso contra Funes se suma a otros en los que está implicado por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares; por una millonaria malversación de los fondos asignados a infraestructuras y por la revelación de documento secreto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Agencias

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