La cuarta orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes, por los delitos de peculado y lavado de dinero, fue emitida esta semana por el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, a raíz de fondos desviados de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, localizada entre los municipios de San Luis La Reina, Carolina y San Antonino del Mosco, al norte de San Miguel.
La orden judicial tiene a la base una serie de irregularidades, entre ellas haber pactado una conciliación directa con la constructora italiana ASTALDI, y haberle pagado más de 100 millones de dólares por la obra no concluida, monto que incluye un sobre pago de $45 millones, de los cuales $3.5 fueron entregados a su compañera de vida, Mitchell Guzmán Sigüenza.
El tribunal también decretó orden de detención para Guzmán Sigüenza, que junto a Funes, permanece asilada en Nicaragua, bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega.
Es por el sobre pago de los $45 millones que la Fiscalía mantiene abierta la investigación por peculado y lavado de dinero contra Funes y Guzmán Sigüenza, ambos reclamados también por otros casos de corrupción, pues habrían vaciado las arcas del Estado con más de $350 millones de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial.
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