¿Hasta dónde quieren que lleguemos?
A inicios de 2013 con Fabio Gadea Mantilla visitamos, en El Paraíso, Honduras, a un grupo de campesinas y campesinos, la mayoría de la zona rural de Jinotega, que habían huido a ese país pidiendo refugio. Nuestra gestión humanitaria, que nos llevó incluso a entrevistarnos con el Comisionado gubernamental para los Derechos Humanos, tenía por objetivo que se les concediera el refugio que pedían, y eventualmente asilo, pues se trataba de perseguidos políticos. El indignante asesinato del dirigente campesino de El Ayapal, Jinotega, Andrés Cerrato, y mientras las autoridades no demuestren lo contrario, estaría confirmando esa persecución política.
Entre los altos mandos del Ejército y la Policía todavía hay personas que participaron de la lucha contra la dictadura de Somoza. Esas personas no pueden o no deben olvidar algunas lecciones de su propia historia.
La indiferencia con la cual muchos nicaragüenses reaccionan frente a los abusos represivos, en algún momento termina. Entonces, de las “operaciones limpieza” selectivas, como bien lo ha recordado con inigualable valentía la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Nuñez, se deriva a masacres colectivas. ¿Hasta ahí quieren que lleguemos?
La antesala de los abusos represivos, son los abusos políticos. El más visible, el fraude electoral. Desde Managua, y para los analistas, el fraude electoral se trata casi como un análisis estadístico, lejano. Pero en la medida que vamos de las grandes a las pequeñas ciudades, y llegamos a los municipios y comunidades rurales, el tema deja de ser distante, estadístico, y pasa a ser vivencial, inmediato. Recuerdo perfectamente, de las conversaciones sostenidas con ese grupo de campesinas y campesinos, cómo en sus relatos se mezclaban el malestar porque les habían robado las elecciones con los abusos administrativos y económicos de las autoridades que les habían impuesto. Las autoridades militares y de policía deben entender que el fraude electoral en muchas zonas ha terminado con la progresiva convivencia que se venía construyendo, hasta que Ortega regresó al gobierno, entre excombatientes en ambos bandos de la guerra civil de los 80.
Y esto nos conduce a la última lección. Las autoridades impuestas por el abuso político, fácilmente derivan a los abusos económicos. Muchas veces tras el blanco político, lo que se esconde es un blanco económico: apropiarse de las propiedades de los perseguidos, correr los cercos y desaparecer el ganado, con lo cual se alimenta el círculo malestar-indignación-represión-mayor malestar y mayor indignación. En alguna ocasión escribimos que la “corrupción no sube, baja”. Si en la cúpula del gobierno el abuso político ha conducido al abuso económico, como lo estamos viendo con la cooperación venezolana, ¿por qué el abuso político, imponiendo autoridades a todos los niveles del Estado, no va a conducir a abusos económicos en toda la geografía de Nicaragua?
Para las autoridades militares y policiales seguir llamando “bandas delincuenciales” a los precariamente alzados en armas, es negar su propia historia.
Pero esta reflexión no es solamente para esas autoridades, sino para todos los que de una u otra forma integramos la dirigencia del país -social, empresarial, religiosa, cultural, y desde luego política- porque la relativa indiferencia frente al caso de Andrés Cerrato, en esta hoguera noticiosa de abusos, crímenes y escándalos de corrupción en la que vivimos, en que los últimos tapan a los anteriores, nos llevará a que después sean muchos Andrés Cerrato, y para entonces será tarde.
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