El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, pidió recordar en esta Navidad a los 325 fallecidos, detenidos y miles de exiliados que han dejado las manifestaciones contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, desde abril.
“En esta Navidad piensen en las 325 familias de los fallecidos en #Nicaragua. En los 400 detenidos arbitrariamente. En miles de exiliados y los clandestinos dentro de su propio país”, abogó Abrão en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.
“Si recuerdan los unos de los otros, nadie se quedará solo. Juntos serán un volcán de esperanza”, agregó.
El secretario ejecutivo de la CIDH acompañó su mensaje con un video testimonial en el que hablan familiares de los “presos políticos” y se muestran imágenes de las marchas que durante varios meses realizaron los nicaragüenses para exigir la renuncia de Ortega, justicia para las víctimas, y libertad para los detenidos, dio a conocer EFE.
El pasado 19 de diciembre, el Gobierno de Nicaragua dio por concluida la presencia de los representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos organismos de la CIDH.
El GIEI presentó en Washington un informe sobre la crisis de Nicaragua en el que señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en “delitos de lesa humanidad”.
El GIEI tenía previsto presentar ese informe en Managua el pasado 20 de diciembre, pero un día antes fue expulsado del país por el Gobierno, que argumentó que había expirado su plazo de trabajo en Nicaragua.
En tanto, la CIDH advirtió la semana pasada de la “intensificación de la cuarta etapa de represión estatal” en Nicaragua contra periodistas y medios independientes.
Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
La cuarta fase incluye “incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas, detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores, expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas”, de acuerdo con el organismo.
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