Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado este viernes en Washington, determina que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas, el 18 de abril, y advierte que ese tipo de delitos no tienen prescripción y que los responsables no pueden beneficiarse de una amnistía.
“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y el crimen de persecución”, precisa el informe que tenían programado divulgar en Managua este jueves, pero tuvieron que presentarlo en Washington DC debido a que el miércoles el gobierno nicaragüense les suspendió la estadía en el país.
Sobre los efectos de estos actos, el informe agrega que los crímenes de lesa humanidad “suponen ciertas consecuencias, como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas”, explicaron los miembros del GIEI.
Este tipo de delitos también abre la posibilidad de que “intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma”.
El informe asegura que la institución que más represión ha cometido es la Policía de Nicaragua, a la cual señala de utilizar armas de guerra para disolver las protestas, y sugieren una investigación a fondo del aparato estatal.
“El GIEI recomienda se investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como Directores Generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales, Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.
En esa misma línea quedan los jefes de la Policía en Managua del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, los comisionados Sergio Gutiérrez, Fernando Borge y Juan Valle Valle, además del jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Justo Pastor Urbina, entre otros.
La investigación del GIEI cubre del 18 de abril al 30 de mayo, período en que se registraron 109 muertes, de las cuales 95 ocurrieron con armas de fuego. Las víctimas presentaban impactos en la cabeza, cuello y tórax.
Se determinó que de esas 109 muertes violentas, solo 9 han sido judicializadas. Esos casos, añade el GIEI, corresponden a funcionarios del Estado o simpatizantes del partido de gobierno.
“La gran mayoría de las muertes ocurrieron en acciones de represión llevadas a cabo por la Policía Nacional y los grupos paraestatales”, sostiene el GIEI.
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