Un equipo de investigadores convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe este viernes pidiendo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros funcionarios del gobierno, sean investigados por su papel en la muerte de más de 100 personas durante la serie de protestas callejeras este año.
Después de un examen detallado de la violencia ocurrida en abril y mayo, el panel concluyó que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
Dijo que sus conclusiones fueron el resultado de seis meses de trabajo, incluidas reuniones con víctimas y testigos, y la revisión de miles de páginas de documentos y videos.
El informe del panel internacional de expertos proporcionó uno de los relatos más detallados de la violenta represión de las protestas en todo el país que comenzaron en abril, incluida la responsabilidad del gobierno de Nicaragua, así como la impunidad sistemática de las muertes debido a la falta de cualquier investigación del sistema judicial.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se reunió en un acuerdo con el gobierno de Nicaragua para examinar los actos violentos que habían tenido lugar en el país desde el estallido de las protestas sociales el 18 de abril. Sin embargo, los expertos dijeron que el informe se llevó a cabo sin la cooperación del gobierno.
Según el informe, “El GIEI pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales”.
“Este nivel de articulación entre las distintas áreas de la Policía Nacional, de manera reiterada, solo se puede explicar por una decisión tomada por las máximas autoridades en el tiempo, por lo que el GIEI recomienda se investigue la responsabilidad del presidente Daniel Ortega en los hechos como Jefe Supremo de la Policía Nacional”.
Solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al menos 109 personas muertas vinculadas al contexto de violencia, más de 1,400 heridos y más de 690 detenidos. De las 109 muertes analizadas por el GIEI, 95 de ellas se produjeron por disparos de armas de fuego, todos con impacto en el cráneo, cuello y tórax.
De las 109 muertes violentas, 100 no han sido siquiera judicializadas, es decir, se encuentran en impunidad. En los nueve casos que han sido judicializados, seis corresponden a víctimas que tienen alguna relación con el Estado de Nicaragua o con el partido de gobierno.
Entre una lista detallada de 24 recomendaciones, el panel pidió al gobierno de Ortega que cese el hostigamiento a periodistas, la investigación y el despido de todos los funcionarios del gobierno involucrados en abusos de los derechos humanos, la disolución de todas las fuerzas paraestatales, la purga de la policía, el contratación de fiscales internacionales para investigar delitos y el pago de reparación a las víctimas de la represión gubernamental.
Contrario a las afirmaciones del gobierno de que está utilizando medidas policiales legítimas para defenderse de los ataques “terroristas” e intentos de dar un golpe de estado contra Ortega, el informe concluyó que las protestas antigubernamentales eran en gran medida un ejercicio “pacífico” de libertades democráticas universalmente reconocidas.
La idea de que los manifestantes anti-Ortega son terroristas es “una idea absurda”, dijo Eric Olson, un experto en seguridad y derechos humanos de América Latina y director de la Plataforma Centroamérica de la Fundación Internacional de Seattle. “En lugar de perseguir a los perpetradores, el gobierno está persiguiendo a los manifestantes que ejercen sus derechos básicos”, agregó.
El gobierno nicaragüense expulsó al panel independiente de investigadores de la OEA el miércoles, un día antes de la fecha programada para presentar su informe final en una conferencia de prensa en Managua.
“La decisión del gobierno nicaragüense de expulsar a un grupo internacional de expertos, después de invitarlos a investigar la violencia relacionada con la protesta, es un esfuerzo flagrante y deplorable para silenciar la verdad”, dijo Geoff Thale, vicepresidente de Programas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), un grupo que lleva décadas monitoreando lo que ocurre en la región.
En los últimos siete meses, más de 300 personas murieron, en su mayoría a manos de paramilitares y fuerzas de seguridad vinculadas con el gobierno y cientos más fueron acusados arbitrariamente por delitos políticos. Otros miles han huido del país por su seguridad y la de sus familias.
Ortega parece mantener un control firme después de que las protestas callejeras fueron aplastadas este verano y el gobierno de Nicaragua probablemente ignorará el informe de la OEA.
Aun así, el hallazgo del informe fue valioso, dijo Olson. “Estos son los hechos en los que tenemos que apoyarnos”, dijo. “El gobierno inventa un hecho nuevo, una mentira nueva todos los días. Esperemos que esto aliente a otros países, algunos de los que están en los márgenes como México, a ser más proactivos y hablar más claramente”.
Fuente: UNIVISION
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