Enrique Saenz
Ayer martes, el congreso norteamericano aprobó, después de más de dos años de tramitación, una versión modificada de la iniciativa de ley conocida como Nica Act, Las modificaciones incorporadas por el Senado amplían los alcances de la iniciativa original a tal punto que también es conocida como Magnitski Nica. Así que lo primero que debemos tener claros es cuando se habla de Nica Act o de Magnitski Nica estamos hablando de la misma ley.
A fin de visualizar las implicaciones y posibles repercusiones de la Nica Act, o Magnitski Nica, hay que considerar, en primer término, que tanto en el Senado, como en la cámara de representantes, la iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad. Este es un hecho político de gran significación por cuanto revela que en relación al régimen de Ortega hay una visión y una decisión compartida por parte de Republicanos y Demócratas. Ni en tiempos de Reagan ocurrió algo semejante. Se trata pues de un mensaje político contundente.
Por otra parte, hay que diferenciar entre la Nica Act y la Orden Ejecutiva, suscrita por el presidente Trump a fines de noviembre pasado. Ambos instrumentos legales son diferentes en sus alcances y contenidos, pero no son contradictorios; al contrario, son complementarios.
La Orden Ejecutiva de Trump, encierra también un mensaje político extremadamente fuerte, ya que declara al régimen de Ortega como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Esas son palabras mayores.
El propósito declarado por la Orden Ejecutiva de Trump es promover el respeto a los derechos humanos, la condena a la corrupción y el restablecimiento de la democracia. Y establece un trámite sumamente fluido para la aplicación de sanciones a funcionarios y empresas de allegados al régimen de Ortega. El encargado de resolver sobre las sanciones es el departamento del Tesoro de Estados Unidos, en consulta con el Departamento de Estado. Para que lo comprendamos en nuestro lenguaje, el departamento del tesoro es el equivalente al ministerio de hacienda y el departamento de estado es equivalente al ministerio de relaciones exteriores.
Fue sobre la base de esa Orden Ejecutiva que se aplicaron sanciones a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau.
Por su parte, la Nica Act, o Magnitski nica, originalmente fue promovida, desde el año 2016, por la representante Ileana Ross Lehtinen. Y durante un tiempo se consideró que era únicamente de interés de los representantes cubano americanos de Florida. Sin embargo, la magnitud de los atropellos cometidos por Ortega, terminaron por generar un consenso insólito en las esferas de poder norteamericanas.
Se da por descontado que Trump promulgue y firme el proyecto en los próximos días.Recapitulemos los principales contenidos de esta ley.
Primero, contiene la instrucción a los representantes de Estados Unidos en las instituciones financieras multilaterales, primordialmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, a oponerse a todos los créditos que presente el gobierno de Ortega, excepto los que se dirijan a cubrir las necesidades básicas de los nicaragüenses. Es importante remarcar que en el 2017 los desembolsos de esas dos instituciones ascendieron aproximadamente a 500 millones de dólares, entre créditos y donaciones, dirigidas tanto al sector público como al sector privado.
El segundo contenido relevante de la ley es la habilitación de sanciones funcionarios del régimen de Ortega, responsables de violaciones a Derechos Humanos, actos de corrupción o socavamiento de la democracia. La ley incluye a los miembros de la Asamblea Nacional, del Consejo Supremo Electoral y del poder judicial, y puede aplicarse a empresas como a personas; todavía más, su potencial aplicación se extiende a residentes o empresas norteamericanas.
Un tercer elemento de la ley es que posibilita la suspensión de sanciones en caso de que se produzcan avances significativos en el castigo a los culpables de las violaciones a los Derechos Humanos, adelanto de las elecciones, combate a la corrupción y progresos en el restablecimiento de la democracia.
Ambos instrumentos, la Magnitski Nica o Nica Act y la Orden Ejecutiva de Trump gravitan sobre las cabezas de funcionarios actuales y de ex funcionarios que sirvieron al régimen a partir del 2007, tanto del gobierno como de otros poderes del Estado, y se extiende a los hechores como a sus cómplices.
Obviamente este contexto que se está configurando aceleradamente encierra implicaciones económicas y políticas que vamos a abordar pero en nuestro siguiente artículo.
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