Confidencial
Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y al colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, considero la crisis en Nicaragua “una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional”.
En una orden ejecutiva, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, se afirma que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su “responsabilidad” y “complicidad” con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen orteguista, que suma 325 muertos confirmados desde abril pasado a la fecha.
“Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, detalla la orden ejecutiva.
“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos buscaron sistemáticamente desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control sobre el poder. Esta Administración está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Murillo y Moncada estarán impedidos de entrar a Estados Unidos y tienen prohibido hacer transacciones con empresas y ciudadanos estadounidenses.
Las órdenes que Rosario Murillo, actuando como jefa nacional del FSLN, envió a sus secretarios políticos en las instituciones públicas en Managua durante los primeros días de la rebelión de abril, revelan la estrategia con la que el Gobierno intentó hacer frente al malestar social que estalló el 18 de abril, reveló CONFIDENCIAL a partir de la entrevista concedida por la exsecretaria política del FSLN en el Banco Central de Nicaragua (BCN), Ligia Gómez.
Todos los “bienes”, “intereses” y cuentas bancarias de Murillo y Moncada en Estados Unidos “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagado, exportado, retirado o tratado de otra manera”, según la orden ejecutiva.
Mnuchin añadió que “el Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que los empleados internos del régimen Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense”.
En una nota, el Departamento del Tesoro señala a Murillo de ser una líder con “acceso e influencia” sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional, que son “entidades que han cometido graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, o cuyos miembros han cometido graves violaciones de derechos humanos”.
Indica que la Policía Nacional “ha sido parte de los ‘escuadrones de la muerte’ que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han sido implicados en graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas. Además, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por personas identificadas por testigos como policías nicaragüenses, habrían incendiado una casa familiar en Managua, matando a seis, incluidos dos niños pequeños”.
“Finalmente, Murillo tiene una larga historia de participar en actos de corrupción relacionados con Nicaragua”, según la nota del Tesoro estadounidense.
El Departamento de Estado manifestó que en un comunicado de prensa que la orden ejecutiva es “una nueva herramienta de los Estados Unidos para exponer y promover la rendición de cuentas por parte de los responsables de los abusos que se cometen en Nicaragua (…) Esta acción envía una clara señal de que Estados Unidos no tolerará la explotación de las personas y los recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal”.
Agregó que “ahora es el momento para que los miembros del partido gobernante cambien de actitud y para que el sector privado haga oír sus voces en apoyo de las reformas democráticas y el fin de la violencia”, sugiere el
“Aquellos que permanecen en silencio o son cómplices pueden enfrentar consecuencias significativas; de igual manera, todos los funcionarios del Gobierno de Nicaragua y los actores del sector privado que continúan ayudando e instigando la represión del régimen de Ortega podrían estar sujetos a las sanciones”, según el comunicado.
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