La ONU dijo hoy que la disminución de las protestas que se ha observado en los últimos meses en Nicaragua, no indica necesariamente que se haya retornado a la normalidad y que teme que más bien sea debido a las acciones de las autoridades para disuadir a la gente de movilizarse.
“Seguimos muy preocupados por las informaciones que recibimos de que las autoridades nicaragüenses siguen criminalizando la acción legítima de los líderes sociales y otros participantes en las protestas”, dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throsell.
Denunció que en los últimos diez días dos prominentes líderes del movimiento campesino fueron detenidos.
Según las cifras comunicadas por el gobierno al organismo de derechos humanos, 273 personas habían sido detenidas en conexión con las protestas al pasado 5 de noviembre, una cifra que difiere fuertemente de la que manejan las organizaciones de la sociedad civil.
Según las ONG, actualmente 586 personas estarían detenidas en relación con las manifestaciones.
Por otra parte, Throsell dijo que su oficina también ha recibido denuncias de que se están violando los derechos a un juicio justo en los procesos penales que se han abierto contra campesinos, líderes estudiantiles y otras personas involucradas en las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de más de 300 muertes, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.
Las cifras de muertos oscila entre 325 y 535, según organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, mientras que las oficiales sólo dan cuenta de 199.
Ortega ha negado todas las acusaciones en su contra y ha asegurado de que se trató de un intento de “golpe de Estado”, ya que aunque las manifestaciones empezaron por una oposición cívica a la reforma de la seguridad social, la represión con las que intentaron ser contenidas dieron lugar a la exigencia de que Ortega renunciase.
La Oficina de la ONU en Ginebra dijo que continuará vigilando la situación de derechos humanos en Nicaragua, lo que por el momento debe seguir haciendo desde el exterior porque el Gobierno no permite la entrada de sus observadores.
FUENTE: EFE
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