La cuarta fuerza del Congreso de Brasil también abandona a Rousseff

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El Partido Progresista (PP), que es la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados de Brasil y socio del Gobierno federal, anunció ayer su ruptura con la presidenta Dilma Rousseff y su decisión de votar a favor de que responda a un juicio con miras a su destitución.

La decisión del PP fue anunciada tres días antes de que la Cámara baja inicie este viernes una votación crucial, en la que definirá si el proceso contra Rousseff avanza hacia el Senado, que tendrá la palabra final sobre la posible apertura del juicio contra la mandataria.

“El partido sale [del Gobierno] unido, porque la mayoría ha deliberado y decidido apoyar el proceso” contra Rousseff, declaró el jefe del grupo del PP en la Cámara baja, Aguinaldo Ribeiro.

El PP, con 49 diputados, tiene la cuarta minoría en la Cámara baja, y la decisión anunciada sigue el camino trazado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría con 68 escaños y que ya se apartó del Gobierno.

El abandono del PMDB y el PP pudiera suponer que el Gobierno haya perdido 117 votos en la Cámara de diputados, aunque ese número no puede ser precisado, pues hay algunos parlamentarios de esas formaciones que se proponen mantenerse fieles a Rousseff.

Antes, ya habían abandonado el Gobierno los partidos Republicano Brasileño (PRB) y el Laborista Brasileño (PTB), que en conjunto suman 40 diputados.

Aún cuando algunos de los diputados de esas formaciones voten a favor de Rousseff, esos partidos engrosarán las fuerzas favorables al proceso contra Rousseff, que necesitan 342 de los 513 votos posibles en la Cámara baja para que el trámite llegue al Senado.

En ese extremo, los 81 miembros del Senado decidirán, por mayoría simple, si efectivamente será iniciado el juicio político contra la mandataria.

Si así fuera, Rousseff se tendría que dejar el cargo durante los 180 días que tendrá el Senado para concluir el proceso y en ese período debería ser sustituida por Temer, primero en la línea de sucesión y también bajo la amenaza de un juicio político.

Fuente: El País