El viceministro de Gobernación, Luis Cañas reconoció en medios oficialistas que en los centros penitenciarios de Managua hay 204 personas acusadas de “actos vandálicos y terrorismo”, de las cuales 187 son varones y 17 mujeres.
No obstante, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó que en todo el país hay 571 personas encarceladas por manifestarse en contra del Gobierno.
Cañas negó que en las cárceles se violen los derechos humanos de los reos. No obstante familiares de muchos reos han denunciado agresiones y represalias contra sus parientes en los centros de detención.
El “procedimiento”
El funcionario orteguista dijo que en todo centro penitenciario el privado de libertad es recibido “por un comité de recepción que evalúa a presos o presas por individual” y que desde la entrada “se hace un chequeo médico, está nuestro Cuerpo Médico revisándolos, y está revisando también su expediente como tal, para conocer el nivel de peligrosidad que ese preso tiene y así ubicarlo”.
Según Cañas, a estos aspectos “no le pusieron mucha atención” las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas.
“Ni querían escuchar las explicaciones de cómo funcionaba el Sistema Penitenciario en nuestro país. No les importaba. Es más, cuando llegó por primera vez la CIDH llegó con tres horas de retraso y así por encima, superficialmente, pidiendo información muy puntual”, se quejó Cañas.
No obstante los organismos internacionales de derechos humanos en su visita a Nicaragua afirmaron que no pudieron ingresar a los sistemas penitenciarios del país. Inclusive ni a los juicios contra los manifestantes cívicos.
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