El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó un recurso por Inconstitucionalidad contra la Ley contra el lavado de dinero y el terrorismo en Nicaragua.
El organismo considera la normativa como violatoria al derecho a la protesta ciudadana contra decisiones gubernamentales.
Esta ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de julio y entró en vigencia el 20 de este mismo mes, en medio de las protestas cívicas contra el régimenorteguista.
“…tomando en cuenta el contexto en que fue creada, la aprobación de esta Ley quiso imprimir en la sociedad un chilling effect –efecto escalofriante de la Ley- y un sentimiento de persecución interinstitucional, con el fin único de desmovilizar las legítimas protestas sociales desarrolladas desde el 18 de abril”, se lee en el documento.
El concepto de “terrorista”
En el escrito piden anular el artículo 44 de dicha ley (donde conceptualizan el delito de terrorismo), por contravenir cuatro derechos fundamentales como la seguridad jurídica, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida, por no reconocer tratados internacionales y violación al principio de legalidad.
“Señalamos todas las disposiciones que violan constitucionales y por ende derechos humanos de las personas juzgadas bajo esta ley que es ilegal hecha precisamente para criminalizar la protesta social. Perseguir a los opositores de este Gobierno”, expresó Vilma Núñez presidenta del Cenidh.
La semana pasada varios representantes de la sociedad civil presentaron otro recurso por Inconstitucionalidad parcial contra esta misma normativa. El escrito fue presentado por el doctor Alberto Novoa, exprocurador general de la República.
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