Una nueva vía en la investigación del caso Odebrecht en Ecuador ensombrece al expresidente Rafael Correa y a su imagen, ya deteriorada tras 16 meses de irregularidades detectadas durante su Gobierno y de ataques del nuevo Ejecutivo a la gestión heredada. Esta vez, la Fiscalía General le ha puesto el ojo a él y a la cúpula de colaboradores que ocuparon altos cargos y órganos de control durante los 10 años del correísmo. El expresidente, su vicepresidente Jorge Glas, su secretario jurídico, Alexis Mera y su exministro de Interior, José Serrano están siendo investigados formalmente por delincuencia organizada.
La fiscal general subrogante, Ruth Palacios, inició el pasado jueves 6 de septiembre esa fase preprocesal contra el exmandatario y otros siete antiguos funcionarios de rango mayor, pero la noticia no transcendió hasta este martes. La disposición de abrir la investigación responde a la denuncia que interpuso hace seis meses César Montúfar, un exasambleísta ecuatoriano que ya ejerció de acusación particular en el único juicio por el caso Odebrecht concluido y con sentencia en el país. Ese es uno de los pocos detalles que han sido confirmados por Fiscalía, dado que la fase de indagación previa está sometida a reserva y se centra en recabar elementos y versiones que puedan sostener después una eventual imputación y acusación.
Montúfar presentó su denuncia el pasado 5 de marzo y este miércoles acudirá ante el Ministerio público para ampliar su versión y pedir que se incorporen nuevos elementos que han ido apareciendo este año contra Correa y sus aliados, conforme la Contraloría ecuatoriana ha ido presentando informes de auditoría a la gestión gubernamental de la última década. “Lo que se ha demostrado es que durante el Gobierno de Rafael Correa, la corrupción no fue un hecho aislado sino que se trataba de un esquema organizado, de corrupción institucional”, ha declarado el denunciante. En su momento, además, Montúfar señaló como “cabecilla de esa banda delincuencial estatal” al expresidente Rafael Correa.
La trama de corrupción se gestó, según la denuncia, a través de reformas legales para fines específicas, de creación de instituciones y de nombramientos de colaboradores a los que se les asignaba un rol dentro del esquema delictivo. Así, el Gobierno de Correa, ratifica Montúfar, abonó para que se cometieran delitos de cohecho, peculado (malversación de fondos públicos) y enriquecimiento ilícito. En el caso Odebrecht, en concreto, la información obtenida por las autoridades de Estados Unidos apuntaron hacia un pago de sobornos a funcionarios públicos de 33 millones de dólares, aunque el monto de los contratos firmados con la constructora estatal perfila un perjuicio incluso mayor para el Estado ecuatoriano.
Además de los tres colaboradores cercanos al expresidente, se indagará ahora el actuar de los exfiscales generales Galo Chiriboga y Carlos Baca Mancheno, del excontralor Carlos Pólit y del exprocurador del Estado, Diego García Carrión. Pólit se encuentra prófugo en Miami después de que el exfiscal Baca dictara prisión preventiva contra él hace un año por su implicación en el caso Odebrecht. El mismo exfiscal fue destituido meses después por la Asamblea, por incumplimiento de funciones tras haber filtrado un controvertido audio en el que Pólit y el exministro de Interior José Serrano-también incluido en la nueva investigación- conspiraban para “bajarse al fiscal” de su cargo. Ese exministro, que entonces era presidente de la Asamblea, también resultó censurado por el escándalo del audio. Otro de los investigados ahora que ya tenía historial ante la Justicia es Jorge Glas, el exvicepresidente con Correa. Permanece en prisión tras ser condenado en diciembre de 2017 a seis años de cárcel por su implicación en el caso Odebrecht.
El País
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