El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, mantendrá la ayuda al desarrollo de España a Nicaragua pero dará orden de revisar si hay algún programa vigente que pueda estar contribuyendo indirectamente a la represión desplegada por el régimen de Daniel Ortega sobre la oposición.
La crisis nicaragüense, que está generando un éxodo de decenas de miles de ciudadanos de este país a las naciones vecinas, Costa Rica entre ellas, ha formado parte de las conversaciones mantenidas entre Sánchez y el presidente costarricense, Carlos Alvarado, con motivo de la visita de Sánchez a su país, la primera de un jefe del Ejecutivo español en 14 años.
En rueda de prensa conjunta, los dos dirigentes han coincidido en defender una solución dialogada al conflicto político en Nicaragua que debe ser alentada desde foros internacionales, concediendo un papel destacado a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sánchez considera que corresponde a la OEA “liderar” ese diálogo y por ello España ha aumentado su contribución financiera a este organismo, donde tiene papel de observador.
Sobre la Cooperación española al desarrollo en Nicaragua, Sánchez ha rechazado suspender estos desembolsos al país –uno de los principales beneficiarios de la ayuda al desarrollo española– como han decidido otros socios europeos como Países Bajos y Luxemburgo, porque la suspensión de esa asistencia perjudicaría al pueblo nicaragüense, a quien se dirige fundamentalmente.
Pero sí ha dado orden a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica para que revise si algún programa de fortalecimiento de la Policía nicaragüense pueda estar reforzando indirectamente la “capacidad represiva” del régimen. Sánchez respondía así a una pregunta de la prensa y reconocía que era la primera noticia que tenía al respecto.
PROGRAMA SUSPENDIDO
Fuentes del Gobierno español han explicado tras la rueda de prensa que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) gestionaba desde 2013 un proyecto de la UE en apoyo a la prevención del crimen organizado y el narcotráfico, que tenía como beneficiaria a la Policía nicaragüense.
Sin embargo, el pasado 18 de mayo la UE suspendió este programa debido a la situación “imprevisible y excepcional” en Nicaragua, “que no permite desarrollar las actividades previstas para lograr los resultados contemplados en el proyecto”, según un comunicado oficial.
Desde abril pasado, las protestas y manifestaciones contra el Gobierno de Ortega dejan un balance de más de 300 muertos. Otros tantos manifestantes han sido detenidos, mientras que muchos de quienes participaron en las protestas o se han expresado en contra del Gobierno se han visto obligados a esconderse o abandonar el país.
El presidente Alvarado ha rechazado la petición que le ha hecho Ortega para que le pase un listado de los nicaragüenses que han cruzado a su país. “Está completamente fuera de lugar”, ha señalado. Alvarado ha apostado por que desde los foros multilaterales se consiga persuadir a Ortega para que deje entrar en el país a misiones internacionales que puedan ayudar a encontrar una solución.
Sánchez también ha compartido con Alvarado la experiencia de la UE en la gestión de los flujos migratorios, dado que la llegada de decenas de miles de nicaragüenses a suelo costarricense ha comenzado a originar brotes xenófobos.
“España siempre estará del lado de aquellos países” que, como Costa Rica, “están haciendo un gran esfuerzo por no cerrar fronteras”, tratando a los migrantes de manera respetuosa con los Derechos Humanos y acogiendo a quienes huyen de conflictos en sus países, ha dicho.
Fuente: EUROPA PRESS
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