La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos exhortó al régimen de Daniel Ortega a detener la represión en Nicaragua.
Aseguran que “los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país”.
Aunque las protestas “han disminuido recientemente en número e intensidad” se ha desatado acciones de “intimidación, amenazas y privaciones de libertad” a voces adversas al gobierno, según la visión del organismo.
“Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como “terroristas” y “golpistas”, y aparentes intentos de socavar a la oposición”.
Preocupa legislación
Los expertos también se encuentran “profundamente preocupados” por la aprobación de la ley contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Aseguran que esta legislación “permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”.
“Nos preocupa que estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo y sean indicativos de una política implementada por las autoridades para erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas”, agregaron.
El organismo resalta la importancia de “un registro claro y actualizado de los nombres y ubicación de las personas que han sido privadas de liberad”. Asimismo de quienes enfrenten procesos judiciales.
“La impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo”, señalaron.
Desarmar paramilitares
El texto hace énfasis en el tema de los grupos armados que actúan bajo la protección del régimen de Daniel Ortega.
“Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”, refieren.
También llamaron al gobierno de abstenerse a la práctica de criminalización contra defensores de derechos humanos y activistas.
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