ONU: Armados operan coordinados con policía y autoridades estatales

La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la complicidad de la Policía Nacional para con los grupos armados financiados por el gobierno de Daniel Ortega.

«La policía, elementos armados y otros grupos violentos han llevado a cabo las denominadas ‘operaciones de limpieza’ en diferentes partes del país, quitando por la fuerza las barricadas erigidas por los manifestantes y las comunidades locales», refiere

Agrega que «la violencia es aún más horrible puesto que los elementos armados leales al gobierno están operando con el apoyo expreso o tácito, y en coordinación con la policía y otras autoridades estatales».

La ONU afirma que el equipo presente en Nicaragua ha informado de una «amplia gama de violaciones a los derechos humanos», entre las que citan «ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión de las personas».

Asimismo «se han producido campañas de incitación odio y difamación, incluso contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El telón de fondo de todas estas violaciones es la ausencia del Estado de Derecho y del debido proceso».

Fin de semana sangriento

El equipo de trabajo de la ONU registra que al menos «12 personas que perdieron la vida durante el fin de semana, incluidas dos cuando se efectuaron disparos en la Iglesia Divina Misericordia en Managua, donde manifestantes estudiantiles buscaron refugio después de que las instalaciones de la universidad que habían estado ocupando fueron atacadas».

Durante los tres meses de protestas cívicas este organismo contabiliza 280 personas asesinadas y 1,830 heridos que son atribuidas a la violencia «fundamentalmente perpetrada por el Estado y por elementos armados progubernamentales».

También reportan entre los fallecidos al menos 19 agentes de policía.

Caso Medardo

Las Naciones Unidas mostraron su preocupación por la detención de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena. «Las autoridades no han informado a sus familias sobre su ubicación, a pesar de las solicitudes judiciales», señalan.

A la vez piden a «las autoridades nicaragüenses que proporcionen información inmediata sobre su paradero y nos permitan a nosotros y a otras organizaciones de derechos humanos el acceso a todas las cárceles y otros centros de detención donde se cree que están detenidos».

«Estamos observando una práctica emergente e inquietante consistente en la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de las personas que han participado en meras protestas. Por ejemplo, la policía acusó públicamente a Medardo Mairena de la muerte de varios oficiales y lo calificó de ‘terrorista'», relatan.

En cuanto a la aprobación de la ley sobre el blanqueo de dinero y el terrorismo la ONU «plantea la preocupación de que pueda ser utilizada contra las personas que participan en las protestas», debido a que existe «una definición muy amplia de terrorismo».

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