El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó este miércoles formalmente la captura de Mauricio Funes, expresidente de El Salvador entre 2009 y 2014, asilado actualmente en Nicaragua, así como de otras 14 personas acusadas de corrupción.
La Fiscalía General acusó en total a 32 personas por el caso conocido como “Saqueo público”. El expresidente, así como miembros de su entorno familiar y exfuncionarios, están acusados de peculado (uso indebido de dineros públicos) y lavado de dinero por un monto de 351 millones de dólares.
“Tenemos evidencia que denota la participación de él en el lavado de activos y que lo vincula al delito de peculado”, porque fue “una “pieza indispensable e imprescindible para poder sacar ese dinero de las arcas del Estado”, acotó. Añadió que estas pruebas también dan cuenta de que el expresidente “favoreció a todo su grupo familiar con beneficios, viajes al exterior, compra de objetos de valor, de vehículos y propiedades”.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortez, explicó que el juez notificará a la oficina de la Interpol en El Salvador sobre su resolución para “poder elevar a la categoría de difusión roja lo ordenado y consecuentemente iniciar la búsqueda a nivel mundial”.
Funes reside en Nicaragua desde hace un año amparado en un “asilo político”. Sin embargo, autoridades judiciales salvadoreñas han dicho que por estar implicado en delitos de corrupción está sujeto a una acción penal y por lo tanto podría ser extraditado.
El proceso penal en el juzgado de San Salvador comenzó el 9 y 10 de junio, cuando fueron enviados a prisión provisional 17 imputados en el caso mientras se continúa la etapa profundización de las investigaciones. Las 15 personas a las que el tribunal ordenó detener ahora no estuvieron en la audiencia ni fueron representados por abogados. El juez les otorgó cinco días para que se presentaran; pero, al no acudir voluntariamente, se envió orden de detención nacional e internacional, al tiempo que se inició el proceso para declarar una “difusión roja” por parte de la Interpol, según explicó la FGR.
Entre ellos están, además de Funes y su actual compañera sentimental Ada Mitchelle Guzmán, sus hijos mayores, Carlos y Diego, quienes también residen en Nicaragua, así como las exesposas del exmandatario Elvy Marina Paz y Regina Cañas, esta última destacada presentadora de la televisión local. El paradero de ambas se desconoce. El Gobierno de Nicaragua, un aliado histórico del partido que llevó a Funes al poder, otorgó asilo al expresidente, a su compañera Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas en septiembre de 2016.
Ya se encuentran guardando prisión la última esposa de Funes, Vanda Pignato; el empresario Miguel Menéndez, el expresidente del estatal Banco Hipotecario (BH), y el exsecretario presidencial para las Comunicaciones, David Rivas, entre otros antiguos administradores de la Casa Presidencial.
La FGR ha confiscado 24 propiedades en El Salvador que pertenecen a Funes y a sus allegados, entre ellas casas y apartamentos de lujo, ranchos de playa, vehículos, avionetas y lanchas, también de lujo. El antecesor de Funes, Elías Antonio Saca (2004-2009), también guarda prisión desde octubre de 2016 procesado por peculado y lavado de dinero por 240 millones de dólares.
DPA,EFE
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