Estados Unidos estaría preparando más sanciones a funcionarios públicos nicaragüenses debido a la represión del régimen de Daniel Ortega.
Según El Miami Herald el gobierno del presidente Donald Trump está sopesando una serie de opciones, “entre ellas sanciones potenciales, contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega si este país no soluciona de forma apropiada las preocupaciones y demandas de los grupos estudiantiles, líderes religiosos y otros participantes cívicos sobre la violencia y la cada vez más grande represión política que se vive en el país”.
“Estamos observando todo esto con suma atención, ya que tenemos que asegurarnos de que el pueblo pidió un diálogo y que el gobierno participe; el pueblo pidió investigaciones y que el gobierno las lleve a cabo; los militares dijeron que están fuera de todo eso y deben seguir al margen”, le dijo a McClatchy un alto funcionario de la administración Trump.
CIDH confirma genocidio
En un reporte preliminar hecho por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos que se dio a conocer el lunes se señala que el gobierno de Ortega ha estado violando sistemáticamente los derechos humanos mediante el “uso excesivo de la fuerza” a cargo de miembros de la seguridad del estado.
La comisión recomendó realizar una investigación internacional de lo ocurrido con el fin de identificar a los responsables. Al igual que Venezuela, cada vez más, Nicaragua se ha convertido en una gran preocupación para Washington.
El vicepresidente Mike Pence, Nikki Haley, embajadora ante las Naciones Unidas, y Mark Green, administrador de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, entre otros, han condenado públicamente la agresiva reacción del gobierno nicaragüense ante las protestas.
“Cientos de miles de personas han salido a la calle en demostraciones como una respuesta, exigiendo reformas democráticas y pidiendo la renuncia de Ortega”, dijo recientemente Haley en la Conferencia Anual sobre las Américas que tuvo lugar en el Departamento de Estado.
“Por primera vez en mucho tiempo, los nicaragüenses no tienen miedo de expresar libremente sus deseos de tener una verdadera opción para determinar su futuro, a pesar de la gran amenaza de violencia en su contra”, sostuvo.
Listos para actuar
Los funcionarios de la administración Trump dijeron que EEUU no está dirigiendo la oposición, y debe manejar a los grupos opositores con mucho cuidado para de este modo evitar las acusaciones del gobierno de Ortega sobre la intromisión del norteamérica.
Sin embargo, el funcionario dijo que Estados Unidos está listo para actuar si el gobierno de Ortega no coopera con la investigación independiente, no disipa la violencia o decide utilizar el diálogo como una táctica dilatoria.
El gobierno nicaragüense dijo el martes que está comprometido a que el diálogo resulte fructífero y cumplirá cualquier acuerdo siempre que quede dentro de los parámetros de la constitución.
“De igual modo, el gobierno analizará y estudiará las recomendaciones del reporte preliminar de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos”, dijo Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
El funcionario del gobierno de Trump no entró en detalles sobre qué tipo de sanciones y otras medidas se tomarían. Un funcionario de otra agencia, sin embargo, que habló con la condición de conservar la anonimidad, ya que no está autorizado a discutir la estrategia del gobierno, dijo que la administración Trump podría prohibir darle visas a funcionarios del gobierno nicaragüense o a sus familiares, imponer sanciones bajo la llamada ley “antirrusia” y bloquear el acceso de funcionarios nicaragüenses o de directivos financieros a instituciones financieras estadounidenses.
Como un ejemplo, el funcionario señaló que el año pasado el Departamento del Tesoro de EEUU congeló los activos de Roberto Rivas, presidente del Concejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, bajo la Ley Global Magnitsky, la llamada ley “antirrusia” que le permite a la rama ejecutiva prohibir dar visas y sancionar en cualquier parte del mundo a los responsables de cometer violaciones de derechos humanos o estar vinculado a actividades corruptas.
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