Una de las principales instituciones de estudios económicos del país considera que uno de los problemas que mantiene en iliquidez al Seguro Social nicaragüense son los gastos administrativos.
“Sus gastos aumentaron en 4.2 veces desde el 2002, mientras que sus ingresos lo hicieron en 3.2 veces”, explica el comunicado de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Recuerdan que la reforma de 2013 con la que se incrementó en tres puntos porcentuales al aporte de los empleadores no sirvió de nada.
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“El incremento de las cotizaciones no fue acompañado con austeridad en los gastos administrativos, neutralizando el incremento de ingresos. También jugaron un papel importante las pensiones reducidas, no contempladas antes de la reforma y que ahora son un componente significativo del gasto”, detalla el análisis.
Es un mal mensaje
El Funides explica que la decisión tomada unilateralmente por el gobierno de Daniel Ortega “deja un mal mensaje a los cotizantes activos”.
“El aumento de la contribución traerá necesariamente despidos y más desempleo. Para los ya desempleados, los grandes ausentes en la discusión en este tipo de reformas, les será más difícil encontrar un puesto de trabajo en el sector formal”, refiere.
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Además “el paquete de reformas significará que dejarán de circular en la economía unos US$200 millones, o un 1.5 por ciento del PIB, convirtiendo esta medida en una de las mayores políticas fiscales desde 1990. Este monto redundará en una desaceleración del consumo, una mayor informalidad y menor empleo”, agrega.
Entre sus recomendaciones “Funides considera que se debieron haber incluido como medidas: la disminución de los gastos administrativos, que provocaron el desajuste del INSS, así como un posible adelanto de la deuda al INSS ya reconocida por Ley por el Estado de Nicaragua, que es de US$500 millones”.
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Asimismo “liquidar activos improductivos, particularmente inmobiliarios, que el INSS ha adquirido y que han deteriorado la calidad de su cartera de inversiones”.
También plantean mejorar el acceso a la información financiera y actuarial de la institución. “Igualmente se debió considerar redirigir al INSS un uno por ciento del impuesto a la nómina que se destina al INATEC, ya que actualmente este impuesto no está siendo aprovechado por las empresas ni por los trabajadores”, añade.
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