El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, inició hoy el debate sobre el antejuicio de mérito (proceso de retirada de inmunidad) contra el presidente Nicolás Maduro a solicitud del denominado “Tribunal Supremo en el exilio”.
“Estamos siendo consecuentes con nuestras propias actitudes y nuestra propia decisión, recuerden que nosotros en diciembre de 2016 aprobamos el procedimiento para responsabilizar políticamente a Nicolás Maduro Moros por las razones que en ese momento aludimos”, dijo el diputado Henri Ramos Allup al iniciar el debate.
Recordó que al inició de 2017 los opositores aprobaron con mayoría simple “el abandono de cargo de Nicolás Maduro”, y entonces, dijo Ramos, “si habíamos aprobado la responsabilidad política en diciembre de 2016 y el abandono de cargo en enero de 2017 teníamos que ser absolutamente consecuentes”, continuó.
El parlamentario admitió la posibilidad de que, aunque se aprobase el debate, no será “posible materializar algunas decisiones” porque “este Gobierno que no es democrático no lo va a permitir”, pero que deben continuar con el procedimiento porque ese es su “trabajo”.
“Nosotros tenemos que seguir adelante cumpliendo con nuestro deber porque le debemos rendir cuentas solamente al pueblo y no a un gobierno de hampones que va a ser y que tendrá que ser enjuiciado más temprano que tarde, va a tener que salir y ojalá que sea de manera constitucional y pacífica”, agregó.
El Legislativo discute una solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que ya fue aprobada por el denominado “Tribunal Supremo en el exilio”, formado por cerca de 30 juristas que la Cámara invistió como magistrados pero que el Supremo venezolano no reconoce.
El caso de juicio responde a una denuncia hecha por la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ante el grupo de juristas en el exilio, en la que presentó supuestas pruebas de la participación del líder chavista en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, aseguró ayer que el debate que celebrará la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) carece de legalidad y es “nulo”, pues el Legislativo está sancionado con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que invalida todas las decisiones que emana esa Cámara.
Fuente: EFE
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