El gobierno de Daniel Ortega envió dos nuevas Leyes a la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley antilavado de dinero y la Ley de la Unidad de Análisis Financiero que entre otras cosas pretende controlar a las Organizaciones No Gubernamentales, ONGS, y dejarlas supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero, pero también controlar a los abogados y a los contadores públicos.
La iniciativa precisa que las nuevas Leyes son para estar a la altura de las solicitudes que han planteados organismos internacionales encargados de prevenir el lavado de dinero.
Las nuevas Leyes sin embargo, discrecionalmente, pretenden crear una comisión que tendrá la potestad, sin ninguna reglamentación de decidir quién es sujeto y quién no de la vigilancia de la Unidad de Análisis Financiero.
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