La regresión autoritaria en Nicaragua, el endurecimiento de la autocracia en Venezuela y la inestabilidad en Brasil son los casos que ilustran los crecientes peligros para las democracias en América Latina.
El Índice de Transformación (BTI) presentado por la Fundación Bertelsmann analiza la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza en 129 países en desarrollo y emergentes.
Constata que Nicaragua forma, junto con Bangladesh, Líbano, Mozambique y Uganda, el grupo de cinco países entre los 13 “perdedores” del índice que viven una regresión a la autocracia.
El punto culminante de esta regresión tuvo lugar cuatro meses antes de las elecciones de 2016, con la destitución decretada por el Consejo Supremo Electoral del líder del principal partido de oposición y candidato a la presidencia.
Esa acción hizo que por primera vez desde 1990, en Nicaragua se celebraran elecciones sin candidato alternativo. Lo anterior permitió que Daniel Ortega permaneciera en el cargo.
Caso Venezuela
Destaca también en el período de estudio, que abarca entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2017, el agravamiento de la situación política en Venezuela.
Lo califica como “país inmerso en una dinámica de radicalización en la primavera de 2017” y donde “se ha agravado de forma dramática la situación de los derechos humanos”.
Según el informe, la situación en Venezuela representa incluso “una declaración de quiebra del ‘socialismo del siglo XXI'”, con un país que “apenas se preocupó de procurar alternativas a la dependencia del petróleo”.
Y donde la pobreza ha vuelto a impactar con fuerza “después de dos décadas de un derrochador populismo rentista”.
La victoria aplastante de la oposición en los comicios parlamentarios de 2015, agrega el documento, ha conducido a que el régimen de Nicolás Maduro mantenga su curso con aún más dureza.
Descalabro democrático en Brasil
En tanto, en Brasil, ejemplo del “descalabro de una futura superpotencia”, se percibe “claramente” una pérdida de la calidad de la democracia.
El informe lo atribuye con la “dudosa destitución” de Dilma Rouseff, “iniciado por políticos corruptos”, que en mayo de 2016 aupó a Michel Temer al poder.
Al mismo tiempo, el informe alude al Latinobarómetro 2016, según el cual el 55 % de la población de Brasil no rechazaría un régimen autoritario, siempre que de solución a los problemas económicos.
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