El régimen de Daniel Ortega respondió a una denuncia interpuesta por el excandidato presidencial Fabio Gadea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la denuncia Gadea afirma que le fueron violentados sus derechos políticos en 2011, cuando se le permitió a Ortega participar en las elecciones presidenciales.
En ese entonces el artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua prohibía la reelección. Todavía la Asamblea Nacional no había reformado la Carta Magna.
La denuncia fue presentada ante la CIDH el 5 de octubre de 2011 por el doctor Björn Arp, socio de la firma legal Aparicio, Arp & Associates y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Alcalá.
En el documento –facilitado al semanario CONFIDENCIAL– se establece que Gadea denuncia ante el órgano de la OEA que vela por la protección de los derechos humanos, que en Nicaragua le fue violentado su derecho a la participación política por la “aceptación ilegal” de la candidatura de Ortega.
La denuncia establece que a Gadea se le violentaron, en concreto, tres artículos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados a la participación política, la igualdad ante la ley y la protección judicial.
La Corte Suprema de Nicaragua despejó el camino a la reelección de Ortega en octubre de 2011, cuando declaró inaplicable para el caudillo del Frente Sandinista el artículo 147 de la Constitución, que prohibía la reelección continua, dándole vía libre al mandatario para postularse como candidato a las elecciones presidenciales de 2011.
Al no lograr en ese entonces los votos suficientes en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución, el presidente Ortega optó por acudir a la Corte Suprema. La sentencia fue dictada por la Sala Constitucional de la Suprema, que ordenó al Consejo Supremo Electoral permitir que Ortega pueda participar en las elecciones.
El fallo fue votado por seis magistrados de la Sala Constitucional, todos sandinistas, porque los magistrados liberales no asistieron a la sesión, por lo que los sandinistas decidieron reemplazarlos con magistrados de su partido que trabajaban en otra sala de la Corte.
La respuesta de Ortega
En su respuesta a la denuncia de Gadea, el Gobierno de Nicaragua niega que las autoridades electorales y judiciales hayan violentado los derechos políticos del excandidato presidencial.
Asegura que el Poder Judicial está a cargo de tutelar y garantizar los derechos fundamentales de los nicaragüenses y tiene la potestad de corregir la “desviación o ilegitimidad” en que hubieran incurrido otros poderes del Estado.
De esta manera se justifica el fallo de la Sala Constitucional a favor de Ortega.
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